Un total de 27 asambleístas fueron sancionados por no asistir o llegar tarde a la sesión del pleno del martes 3 de junio en la Asamblea Nacional. Las justificaciones presentadas por los legisladores sancionados incluyeron motivos personales y reuniones con grupos sociales o actividades que se extendieron más allá del tiempo previsto.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien asumió el cargo con un discurso de responsabilidad y eficiencia, fue enfático en aplicar el reglamento interno. Dispuso que los legisladores que falten sin justificación válida paguen una multa de 158,63 dólares, mientras que los que lleguen tarde deberán cancelar 55,52 dólares. Esta decisión busca mejorar la puntualidad y el compromiso de los representantes ante el país.
Según el reporte emitido por la Secretaría General del Legislativo, durante la verificación del quórum reglamentario en la mañana del martes, se evidenció la ausencia o retraso de 27 parlamentarios. Aunque algunos llegaron más tarde durante el desarrollo de la sesión, el registro oficial quedó asentado al inicio.
“Las reglas existen para todos, y deben cumplirse”, reiteró Olsen, en referencia a la necesidad de mantener la disciplina parlamentaria. En declaraciones previas, ya había sostenido que “la puntualidad es una forma simple de demostrar respeto y compromiso con los ciudadanos que representamos”.
Entre las razones expuestas por los legisladores sancionados destacan compromisos personales, citas médicas, reuniones con colectivos ciudadanos y actividades relacionadas con su función legislativa fuera del pleno. Sin embargo, desde la Presidencia de la Asamblea se aclaró que las únicas excusas válidas deben estar debidamente documentadas y justificadas por los canales institucionales correspondientes.
Esta es la primera vez en el periodo legislativo actual que se aplica de forma estricta este tipo de sanciones económicas, como parte de una política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la nueva administración. La medida también busca reforzar la imagen del Parlamento ante la ciudadanía, en momentos en que la confianza en las instituciones se encuentra en niveles bajos, según encuestas recientes.
El episodio ha generado opiniones divididas dentro del hemiciclo. Algunos legisladores respaldaron la aplicación de las multas como una herramienta de orden y responsabilidad; otros, en cambio, consideraron que deben revisarse los criterios de sanción cuando las ausencias se deben a funciones institucionales legítimas, aunque no estén previstas en la agenda del pleno.
