El 29 de marzo de 2025, el Ministerio del Trabajo de Ecuador registró formalmente el «impedimento» para que la vicepresidenta Verónica Abad pueda desempeñar cargos, funciones o dignidades en el sector público. Este registro es una consecuencia directa de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en la noche del 28 de marzo de 2025, ratificó la suspensión de los derechos políticos de Abad por un período de dos años.
La sanción fue impuesta debido a la responsabilidad de Abad en un caso de violencia política de género, una infracción electoral de gravedad, que se derivó de una denuncia presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Esta decisión fue tomada por el TCE luego de considerar el recurso de aclaración y ampliación planteado por la defensa de la vicepresidenta.
Según la resolución del TCE, en su numeral 5.1, se ordenó al Ministerio del Trabajo proceder con la inscripción de la suspensión de los derechos de participación de Verónica Abad en el sistema que gestiona esta cartera de Estado, estableciendo además su impedimento para ejercer cualquier cargo público. Esto implica que Abad no podrá participar en las elecciones de la segunda vuelta presidencial, programadas para el 13 de abril de 2025, ni ocupar ninguna función pública en el futuro inmediato.
La sentencia del TCE y sus implicaciones
La sentencia del TCE fue clara en cuanto a las consecuencias para la vicepresidenta. En primera y segunda instancia, el tribunal ratificó que Abad incurrió en una grave violación electoral. La sanción no solo consiste en la suspensión de derechos políticos, sino también en una multa económica de 30 salarios básicos (aproximadamente $14.000) y la obligación de ofrecer una disculpa pública a la ministra Sommerfeld, la cual deberá publicarse en un medio de comunicación de circulación nacional.
La resolución del TCE también dejó en claro que, a pesar de las sanciones impuestas, las medidas adoptadas no afectan otros derechos constitucionales de Abad, aunque los jueces de mayoría señalaron que se ha logrado explicar con fundamentos jurídicos sólidos la aplicación de la sanción.
Sin embargo, dos jueces del TCE, Richard González y Fernando Muñoz, votaron en contra de la sentencia, considerando que la suspensión de derechos políticos constituye una «remoción indirecta» de la vicepresidenta. Según Muñoz, la decisión podría interpretarse como una forma de destitución, ya que la ausencia temporal de Abad podría convertirse en permanente dentro de los próximos tres meses, afectando su legitimación para seguir ejerciendo el cargo.
Reacciones y próximos pasos
El registro del impedimento fue notificado a varias entidades, incluidos el director de Administración de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República, el secretario General Jurídico de la Presidencia, Santiago Andino, y al presidente Daniel Noboa, quien, en su calidad de compañero de fórmula de Abad, se ve directamente involucrado en este proceso. La información también será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 31 de marzo de 2025, como parte del cumplimiento de los procedimientos legales establecidos por el TCE.
Este registro del Ministerio del Trabajo y la sentencia del TCE marcan un nuevo capítulo en la controversia que rodea a la vicepresidenta Verónica Abad, quien se encuentra en el centro de una disputa judicial que podría afectar no solo su futuro político, sino también la estabilidad del gobierno actual.
