Título atractivo: Asamblea Nacional analizará juicio político tras suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por el Ministerio del Trabajo
Meta description: La Asamblea Nacional de Ecuador debatirá el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida por el Ministerio del Trabajo, y planteará un juicio político a la ministra Ivonne Núñez.
La Asamblea Nacional de Ecuador prepara respuesta a la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad: juicio político a ministra del Trabajo
La Asamblea Nacional de Ecuador está ultimando los detalles de una resolución en rechazo a la sanción administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta Verónica Abad. El pasado 9 de noviembre, el Ministerio del Trabajo suspendió temporalmente a Abad por 150 días, sin remuneración, por lo que consideró un «abandono injustificado de trabajo». Esta decisión ha generado una respuesta contundente en la Asamblea, que ha convocado una sesión urgente para este miércoles 13 de noviembre para abordar la situación.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció que el órgano legislativo solicitará un dictamen a la Corte Constitucional sobre la competencia del Ministerio del Trabajo para tomar una decisión tan drástica respecto a la vicepresidenta elegida por voto popular. Además, Veloz adelantó que la Asamblea planteará un juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por lo que consideran una actuación ilegal y arbitraria que afecta gravemente la institucionalidad del país.
Solicitud de Verónica Abad y reacciones políticas
Verónica Abad, en un comunicado enviado a la Asamblea, calificó la sanción como “arbitraria, inconstitucional e ilegal”, y acusó al gobierno de Daniel Noboa de actuar fuera del marco constitucional. En su escrito, Abad pidió que se inicie una fiscalización sobre la actuación del Ministerio del Trabajo, además de señalar a la Presidencia de la República como responsable de la irregularidad. La vicepresidenta también solicitó que se incluya en el proceso de fiscalización a quienes, según su criterio, actuaron de manera desleal al presentar alegatos sin pronunciarse formalmente ante la autoridad correspondiente.
La decisión del Ministerio del Trabajo se basó en una supuesta falta grave cometida por Abad, quien fue acusada de “abandono injustificado de trabajo por tres o más días consecutivos”, de acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público. Sin embargo, Abad ha argumentado que la sanción es injusta, ya que cumplía funciones como embajadora de paz en Israel, cargo otorgado por el presidente Noboa, con quien mantiene una relación tensa y enemistada.
Convocatoria de la Asamblea para este miércoles
La Asamblea Nacional ha convocado a sus 137 miembros para este miércoles, 13 de noviembre, a las 15:00 horas, para conocer y debatir la solicitud de Verónica Abad, quien exige una respuesta institucional frente a lo que considera un ataque a la democracia y la Constitución del país. En el pleno se presentará también una comunicación enviada por Abad el 17 de septiembre, en la que solicitaba que se fiscalizara a dos ministras de Estado por supuestos actos de persecución política.
La sesión se prevé como una oportunidad para que los asambleístas expresen sus posiciones sobre la validez de la sanción y las posibles implicaciones legales. Durante la misma, se discutirá también la legalidad de la decisión tomada por el Ministerio del Trabajo y la competencia de la Corte Constitucional para dictaminar sobre el caso.
Divisiones políticas sobre el proceso
El debate político sobre la sanción y las acciones del gobierno está siendo muy intenso. Legisladores de diversas bancadas han expresado sus opiniones. El legislador Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, sostuvo que no era necesario solicitar el dictamen de la Corte Constitucional, ya que esta ya tiene la atribución de controlar las decisiones sobre la legalidad de las sanciones. Sin embargo, consideró que la Asamblea podría rechazar políticamente las decisiones que provienen del Ejecutivo.
Desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno destacó que su agrupación es respetuosa de la justicia constitucional y manifestó que presentarán su postura frente al caso en la Asamblea. No obstante, se abstuvo de anticipar su estrategia.
Por otro lado, el legislador correísta Leonardo Berrezueta expresó su apoyo a la solicitud de un control constitucional, aunque advirtió sobre las consecuencias políticas de la decisión del Ministerio del Trabajo. Consideró que el acto de asignar una vicepresidencia encargada en este contexto es una transgresión a la Constitución y que el gobierno está excediendo sus competencias.
El legislador socialcristiano Jorge Acaiturri-Villa también se mostró preocupado por lo que considera un incumplimiento de la Constitución, particularmente el artículo 425 que regula los procedimientos legales y administrativos. Afirmó que la Corte Constitucional debe intervenir para determinar si la ministra Ivonne Núñez actuó fuera de su competencia.
Finalmente, la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, propuso un juicio político a la ministra Ivonne Núñez por lo que considera una violación a la Constitución y un abuso de poder por parte del Ministerio del Trabajo, el cual, según ella, ha tomado decisiones que contravienen el marco legal del país.
Implicaciones constitucionales y políticas
El caso de Verónica Abad es un ejemplo más de la creciente tensión política que enfrenta el gobierno del presidente Daniel Noboa. La sanción impuesta a la vicepresidenta no solo tiene repercusiones en el ámbito administrativo, sino que también pone en evidencia la división dentro del gobierno y la oposición, así como la importancia de los controles constitucionales y legislativos en el sistema político ecuatoriano.
El proceso, que continuará desarrollándose en los próximos días, podría marcar un precedente importante para el futuro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como para la estabilidad política en Ecuador.
