El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido extender por tercera vez el contrato con Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que ahora se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2024. Esta nueva prórroga de tres meses sigue a las dos extensiones anteriores, la primera hasta julio de 2024 y la segunda que finalizó el pasado 19 de agosto.
La concesión inicial del OCP tenía una duración de 20 años, que culminó el 20 de enero de 2024. Tras esa fecha, el contrato fue prorrogado por seis meses y luego por otros dos meses. La prórroga actual responde a eventos de fuerza mayor y a la necesidad de analizar una propuesta presentada por OCP para una variante definitiva del oleoducto, afectado por la erosión regresiva del río Quijos.
El MEM destacó que la extensión permitirá revisar la propuesta de OCP y evaluar el costo elevado asociado a la construcción de una nueva variante del oleoducto, además de considerar mayores inversiones en mantenimiento. En la actualidad, el OCP transporta un promedio de 200,000 barriles de petróleo diariamente.
Pablo Fajardo, abogado de la organización Udapt, que representa a los afectados por las operaciones de Texaco, criticó la decisión del gobierno de seguir prorrogando el contrato, afirmando que refleja un claro interés en ceder recursos estatales a empresas privadas. Fajardo recordó que la estructura del OCP fue construida por un consorcio privado bajo una concesión de 20 años que venció hace nueve meses. Además, denunció que muchas comunidades aún no han recibido compensación por los daños ambientales sufridos, pidiendo una auditoría y la indemnización de los afectados.
Fajardo reconoce la importancia del OCP para la producción de petróleo nacional, especialmente dado que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) no cubre toda la demanda. Sin embargo, subraya la necesidad de establecer reglas claras que aumenten los beneficios económicos para el país y sugiere que el control del OCP debería pasar a Petroamazonas, con una auditoría ambiental y social adecuada para compensar a la población afectada.
El OCP incluye una infraestructura de 485 kilómetros con tuberías de acero que varían entre 24 y 36 pulgadas de diámetro. Su trazado cuenta con cuatro estaciones de bombeo situadas en diversas altitudes, desde Amazonas en Nueva Loja hasta Páramo en Papallacta. Además, posee dos estaciones de reducción de presión y un puerto marítimo en Esmeraldas con una capacidad de almacenamiento de 3.75 millones de barriles.
El Viceministerio de Hidrocarburos está trabajando en un proyecto para construir una nueva variante del oleoducto en el sector del Alto Coca, para mitigar la erosión del río Quijos. Esta variante, de aproximadamente 45 kilómetros de longitud y con un diámetro de 34 pulgadas, se enfrenta a un costo estimado de $120 millones. La viceministra María Cristina Mogollón precisó que esta variante es provisional y que aún faltan estudios finales para su implementación. El proyecto incluye la instalación de válvulas de bloqueo y controles operacionales y ambientales preventivos. La construcción podría tomar alrededor de tres años.
Estas declaraciones fueron realizadas durante el seminario de Cooperación Energética Corea-Ecuador en Quito, el 20 de agosto de 2024, donde también se presentó un plan para atraer una inversión privada de $41,000 millones al sector hidrocarburífero del país.
