Ecuador: Cambios Políticos en el Consejo de Participación Ciudadana y la Judicatura
En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador, se están gestando cambios significativos que podrían alterar la mayoría política actual. La destitución de Juan Guarderas, tras un juicio político en la Asamblea Nacional, y la principalización de Eduardo Franco como vocal del CPCCS, podrían modificar las dinámicas de poder en el pleno del Consejo.
La decisión de destituir a Guarderas reconfigura la correlación de fuerzas en el CPCCS justo cuando se avecinan procesos cruciales para la administración de justicia en Ecuador, como la selección de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y el reglamento para la conformación de comisiones ciudadanas. Estas decisiones impactarán directamente en la elección de autoridades clave, como el Fiscal General del Estado, tras la salida de Diana Salazar.
Censura de Guarderas y la Emergencia de Eduardo Franco en el CPCCS
El proceso de juicio político contra Juan Guarderas, quien fue elegido vocal del CPCCS en 2023, ha sido un factor decisivo en la modificación de las fuerzas políticas dentro del organismo. Guarderas, quien había sido cercano al oficialismo, se enfrentó a denuncias de irregularidades durante su gestión, lo que finalmente llevó a su destitución el 27 de diciembre de 2024.
Su reemplazo será Eduardo Franco Loor, un abogado vinculado al correísmo y exdefensor de Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción. Con esta incorporación, la mayoría en el CPCCS podría inclinarse hacia la llamada «liga azul», una coalición política que incluye a miembros del PSC, la Revolución Ciudadana (RC), y otros grupos afines. Este cambio es visto como un intento de fortalecer la influencia correísta dentro del Consejo, lo que podría repercutir en la selección de autoridades judiciales clave.
Selección de Autoridades Judiciales y los Desafíos del Gobierno
En medio de estos cambios, el Gobierno de Daniel Noboa ha expresado su preocupación por el impacto que estos movimientos puedan tener en la renovación de la Judicatura y otros organismos clave del Estado. El CPCCS tiene la responsabilidad de seleccionar a los vocales del CJ para el periodo 2025-2031, un proceso que debe completarse antes del 28 de enero de 2025. El Gobierno ya ha señalado su descontento con el proceder de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, particularmente con la principalización de Franco, que se considera un cambio de rumbo en la administración del CPCCS.
Además, el CPCCS está preparando la conformación de las comisiones ciudadanas, que tendrán la tarea de llevar a cabo concursos para la elección de la nueva Fiscalía General del Estado, un proceso que también está siendo observado de cerca por la opinión pública debido a las controversias sobre la elección de Diana Salazar y su posible reemplazo.
Mayorías Móviles y Cambios en el CPCCS
Desde su inicio en mayo de 2023, la administración del CPCCS ha estado marcada por lo que se ha denominado «mayorías móviles». A lo largo de los últimos 17 meses, el poder dentro del Consejo ha cambiado constantemente, con diferentes coaliciones tomando el control según los intereses políticos de los actores involucrados.
Inicialmente, Alembert Vera asumió la presidencia del CPCCS con el apoyo de los vocales Augusto Verduga y Yadira Saltos, quienes representaban a la «liga azul». Sin embargo, Vera fue destituido en octubre de 2023 por la Corte Constitucional, lo que permitió la ascensión de Nicole Bonifaz como presidenta. A medida que los conflictos internos fueron surgiendo, incluyendo la remoción de Bonifaz y la llegada de nuevas figuras como Juan Guarderas, el CPCCS ha experimentado constantes ajustes en su composición.
Con la destitución de Guarderas y la llegada de Franco, se anticipa que el CPCCS continuará experimentando cambios importantes en su estructura, lo que podría tener implicaciones tanto para la selección de autoridades judiciales como para la política interna del Gobierno de Noboa.
Desafíos Legales y Políticos para la Consejera Johanna Verdezoto
Mientras tanto, la consejera Johanna Verdezoto enfrenta un juicio político que podría poner en duda su permanencia en el CPCCS. Este proceso ha sido impulsado por la asambleísta correísta Ana Herrera, quien acusa a Verdezoto de incurrir en un conflicto de intereses al participar en la designación del Defensor Público. La acusación está relacionada con una denuncia por concusión y perjurio, vinculada con un contrato de arrendamiento.
El caso de Verdezoto refleja la creciente polarización política en el CPCCS, que se encuentra atrapado entre las tensiones internas y las presiones externas que buscan moldear el futuro de las instituciones judiciales en Ecuador.
