El conflicto entre el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional de Ecuador ha dado lugar a un «limbo jurídico» relacionado con la ley económica urgente para mejorar la recaudación mediante el combate al lavado de activos, conocida como «ley antipillos». Esta ley, aprobada por decreto ejecutivo, ha causado un fuerte rechazo en sectores de la oposición, quienes ya advierten sobre posibles demandas de inconstitucionalidad y consecuencias penales para quienes intenten implementarla.
Controversia en la Asamblea Nacional
El término «limbo jurídico» fue utilizado por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera, para describir la situación creada tras la publicación en el Registro Oficial (RO) de la ley antipillos. A pesar de haber sido archivada el 27 de noviembre, el gobierno de Noboa procedió a enviar el decreto para su promulgación. Este acto ha generado una gran preocupación en diversas bancadas de oposición, quienes califican la acción como un intento de violar el equilibrio de poderes.
El proyecto de ley incluye tres puntos clave:
- La creación de un impuesto a la compraventa de vehículos usados.
- La creación de la figura de sociedades deportivas anónimas.
- El fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Posibles Demandas y Reacciones Legales
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, manifestó su rechazo ante la decisión y anunció que impulsará un recurso de inconstitucionalidad para que sea la Corte Constitucional (CC) quien resuelva el conflicto. Además, Veloz señaló que iniciaría acciones penales contra el Registro Oficial, presidido por Jaqueline Vargas, por haber publicado la ley sin cumplir los requisitos formales.
Veloz acusó tanto a la Corte Constitucional como al Registro Oficial de actuar como «instrumentos del Gobierno», lo que, según ella, vulnera la institucionalidad del país y perjudica la economía de los ciudadanos.
Implicaciones para la Implementación de la Ley
Desde el parlamento, se considera que la promulgación de la ley fue inconstitucional. El asambleísta Otto Vera (PSC) señaló que, aunque la ley esté publicada en el Registro Oficial, su aplicación será conflictiva, ya que no cumple con los procedimientos establecidos en la Constitución para la aprobación de leyes. Según Vera, el aumento en el impuesto a la compraventa de vehículos usados podría generar consecuencias negativas, incluidas demandas judiciales por los efectos económicos de esta medida.
El secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz, también criticó la promulgación de la ley, considerándola arbitraria y un «apagón jurídico» que atenta contra los principios de independencia y separación de poderes. Muñoz recordó que el artículo 140 de la Constitución establece un procedimiento ordinario para el trámite de leyes económicas urgentes, pero el presidente Noboa procedió a publicar el decreto sin la debida certificación de la Asamblea.
Reacciones desde el Oficialismo
Desde el oficialismo, la asambleísta Nathaly Farinango (ADN) defendió el accionar del Ejecutivo, alegando que la oposición actuó de manera irresponsable al archivar el proyecto en el primer debate, a pesar de que la ley era económica urgente. Farinango destacó que la Asamblea tuvo la oportunidad de mejorar el texto de la ley, pero no aprovechó la oportunidad. Anticipó que el Palacio de Gobierno está preparando un borrador de reglamento para aplicar la ley de manera efectiva, asegurando que el impuesto a los vehículos de segunda mano no perjudique a los ciudadanos.
¿Qué pasa con el impuesto a los vehículos usados?
Uno de los puntos más controversiales de la ley antipillos es el incremento del impuesto a la compraventa de autos usados, que actualmente es del 1%. El Gobierno plantea aumentar este porcentaje, lo que podría generar un impacto negativo en el mercado de vehículos usados. El sector comercial advierte que esta medida afectará las transacciones y podría desencadenar más problemas legales.
