La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado en el marco del caso Reconstrucción de Manabí ha sido suspendida por décima ocasión. Esta diligencia, originalmente programada para el 11 de diciembre, se realizará finalmente el 20 de diciembre a las 08:30 en la sala de audiencias del octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia. El caso involucra al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, al exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Walter Solís, y a otros siete procesados.
Los Procesados
El caso Reconstrucción de Manabí tiene como principales procesados a Jorge Glas y Walter Solís, quienes enfrentan cargos de peculado, junto con varios exfuncionarios de distintas instituciones. Entre ellos se encuentran: Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; y otros cinco exfuncionarios del MTOP, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) e Inmobiliar.
Razones de la Suspensión
La suspensión de la audiencia se debe a la ausencia de uno de los abogados de los procesados, quien tenía otro compromiso judicial para esa fecha. Además, Jorge Glas presentó un escrito el 9 de diciembre en el que informó que su abogada, Vanessa Pullas, ya no lo representará. En su lugar, los abogados Édison Loaiza y Andrés Villegas asumirán su defensa.
El 12 de mayo pasado, se cerraron los cuatro meses de instrucción fiscal, y desde entonces, tanto el juez Inga, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado esperan que se celebre esta audiencia crucial para determinar si existen vicios procesales que invaliden las actuaciones previas. En caso de no encontrar irregularidades, se procederá con el análisis del dictamen acusatorio.
Implicaciones del Caso
Según la Fiscal General, Diana Salazar, los exfuncionarios procesados están acusados de abuso de dinero público que había sido destinado a la emergencia provocada por el terremoto de 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Salazar explicó que, durante el periodo de Rafael Correa como presidente, se priorizaron proyectos que no respondían a las necesidades inmediatas de reconstrucción y reactivación productiva tras el desastre. En lugar de utilizar los fondos para satisfacer las demandas urgentes, se redirigieron a obras que no cumplían con esos fines.
La Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que permitió la recolección de estos fondos, debería haberse utilizado para atender las necesidades más críticas de la población afectada. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, en su lugar, se dieron preferencia a obras de interés particular de los procesados o sus allegados, evadiendo los procesos de contratación pública y beneficiando incluso a empresas vinculadas a los familiares de los involucrados, como es el caso de Carlos Bernal.
Impacto Económico
De acuerdo con las investigaciones, se estima que la suma desviada de los fondos podría alcanzar los 367 millones de dólares. Este caso ha sido uno de los más complejos en términos de corrupción y mal manejo de recursos públicos, especialmente debido a la magnitud de la emergencia que vivieron las provincias afectadas por el terremoto.
Próximos Pasos y Expectativas
Aunque la audiencia ha sido diferida por décima vez, las autoridades esperan que finalmente se pueda avanzar en este proceso judicial. Con la nueva fecha fijada para el 20 de diciembre, las partes involucradas deberán estar preparadas para presentar sus alegatos y determinar si se procederá con el juicio o si existen elementos que invaliden la investigación.
