Organizaciones políticas y sociales se articulan para impulsar el “No” en el referéndum y la consulta popular
La campaña electoral por el referéndum y la consulta popular del próximo 16 de noviembre avanza con fuerza. Diversas organizaciones políticas y sociales, entre ellas Unidad Popular (UP), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Pachakutik y Democracia Sí, han conformado una alianza para promover el voto por el “No”.
La fase de promoción inició el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. Durante este periodo, los movimientos han coordinado acciones conjuntas con colectivos ciudadanos y grupos sociales, algunos calificados y otros no por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo común: exponer sus razones para rechazar las preguntas planteadas en el referéndum y la consulta.
Una alianza con objetivos comunes
El presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, explicó que su organización mantiene un acuerdo con Unidad Popular, Pachakutik y otras plataformas políticas para fortalecer la campaña por el No. “Esta unión se refleja en la identificación de ideas clave, la división territorial y la planificación de acciones conjuntas”, afirmó. Se prevé que las agrupaciones brinden una rueda de prensa el 10 de noviembre para presentar su estrategia.
Por su parte, Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, indicó que han establecido alianzas en la mayoría de provincias con organizaciones sociales, políticas y ciudadanas, aunque reconoció que no se concretaron acuerdos en todos los territorios. “Al ser una campaña corta, el pueblo no tendrá suficiente información. Además, esta consulta fue diseñada a la medida del Gobierno, cuando pudo haberse abierto un debate nacional”, señaló. Larrea añadió que las acciones incluyen eventos públicos, foros, campañas radiales y actividades educativas.
Una convergencia de causas
El director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, recordó que el 25 de octubre, tras el paro nacional, se desarrolló una asamblea con 38 organizaciones políticas y sociales, entre ellas el Partido Socialista, Pachakutik, Centro Democrático, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Conaie, además de gremios médicos, ambientalistas y estudiantiles. En esa reunión se definió una hoja de ruta para impulsar el rechazo al referéndum y la consulta popular.
En tanto, la Revolución Ciudadana (RC), liderada por Andrés Arauz, también se opone al proceso, aunque no participa en alianzas formales. “El CNE solo nos autorizó a hacer campaña por las preguntas C y D, pero mantenemos comunicación con otras organizaciones sobre la coyuntura política”, aclaró Arauz.
¿Qué los une en el “No”?
El referéndum incluye tres preguntas: la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador, el financiamiento estatal a partidos políticos y la reducción del número de asambleístas. La consulta popular, en cambio, plantea convocar a una Asamblea Constituyente.
Aunque no existe una alianza formal entre todos los movimientos inscritos por el CNE, sus posturas coinciden. Los líderes de Democracia Sí, PSE, Unidad Popular y Revolución Ciudadana advierten que la iniciativa del presidente Daniel Noboa podría derivar en una concentración de poder y en una reducción de derechos consagrados en la Constitución de 2008.
“El Gobierno apunta a eliminar derechos como los sobresueldos de los trabajadores, la educación gratuita, los derechos de la naturaleza o las prestaciones del IESS”, alertó Gustavo Vallejo.
Desde la Revolución Ciudadana, Arauz sostuvo que su movimiento “ratifica la defensa de la Constitución del Buen Vivir, resultado de las luchas históricas del pueblo ecuatoriano”. Añadió que el correísmo rechaza cualquier intento de privatización del agua, la salud, la educación y la Seguridad Social.
Atarihuana coincidió en que el Ejecutivo “busca una Constitución a su medida para concentrar el poder”, y recalcó que “ninguna de las preguntas planteadas por Noboa soluciona los problemas urgentes del país”.
Defensa de la soberanía y de la representación
Otra preocupación compartida es la posible pérdida de soberanía nacional en caso de aprobarse la instalación de bases militares extranjeras. Las organizaciones consideran que esta medida no resolverá los problemas de seguridad que enfrenta Ecuador.
Asimismo, movimientos como Pachakutik, UP, Democracia Sí y el PSE rechazan el fin del financiamiento público a partidos políticos, advirtiendo que esto favorecería a las élites económicas y restringiría la participación democrática.
Respecto a la reducción de asambleístas, los dirigentes coinciden en que se trata de un problema de calidad y no de cantidad. Denuncian que el cambio afectaría la representación de once provincias, que tendrían solo un legislador, limitando la voz de las minorías.
Finalmente, las organizaciones critican el costo del proceso electoral, estimado en 60 millones de dólares, fondos que, según ellos, deberían destinarse a salud, educación y obra pública.
