La noche del sábado 7 de junio, la Asamblea Nacional dio luz verde, con 84 votos a favor, a la Ley de Solidaridad Nacional, un proyecto legislativo urgente diseñado para desarticular la economía criminal relacionada con el conflicto armado interno en Ecuador. La normativa, que también registró 46 votos en contra, 10 abstenciones y un voto en blanco, es la primera iniciativa del nuevo periodo legislativo enviada por el presidente Daniel Noboa.
La sesión plenaria 009 inició pasadas las 19:10 horas y se extendió por más de cuatro horas, durante las cuales se registraron 23 intervenciones. La ponente oficialista del proyecto fue la legisladora Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, quien destacó la importancia de la ley para fortalecer la seguridad y el orden en zonas afectadas por el crimen organizado.
Entre los puntos más relevantes de la Ley de Solidaridad Nacional destaca la incorporación del indulto diferido, una figura jurídica destinada a proteger a los efectivos policiales y militares de la prisión preventiva mientras enfrentan procesos judiciales relacionados con su labor en la lucha contra el crimen organizado y el conflicto armado interno.
Además, la ley contempla medidas de protección, prevención y reparación para personas vulnerables en regiones golpeadas por la violencia y el delito. Se establecen también penas más severas para el tráfico ilícito de combustibles, un problema que ha crecido y afecta la seguridad nacional y la economía del país.
La normativa incorpora adecuaciones al régimen de rehabilitación social, buscando un enfoque integral que no solo sancione, sino que también promueva la reinserción y disminución de la violencia a largo plazo.
En palabras de la legisladora Centeno, “esta ley representa un paso fundamental para dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces para enfrentar las nuevas modalidades de crimen organizado, proteger a la ciudadanía vulnerable y asegurar el respaldo necesario a nuestras fuerzas del orden”.
No obstante, la ley generó posiciones encontradas en el pleno. Algunos legisladores manifestaron preocupación por posibles excesos en el uso del indulto diferido y la necesidad de garantizar que no se convierta en un mecanismo para la impunidad.
Con esta aprobación, la Ley de Solidaridad Nacional se convierte en una de las piezas clave en la estrategia estatal para combatir la inseguridad, consolidar el orden público y promover la estabilidad social y económica en zonas afectadas por el conflicto.
