La Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente que se lleve a juicio a 22 personas involucradas en el caso Triple A, relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburos en gran escala. Entre los acusados figuran 16 personas naturales y 6 personas jurídicas, principalmente empresas vinculadas a la distribución ilícita de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo.
El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Leonardo Alarcón, dedicó cuatro días de audiencia para presentar más de 250 pruebas que respaldan la acusación. Estas evidencias incluyen documentos, registros, testimonios y peritajes técnicos que demuestran la participación directa de los procesados en actividades ilegales como almacenamiento, transporte, envasado y comercialización de combustibles sin la debida autorización.
La Fiscalía concluyó el sábado 21 de junio su exposición, donde sustentó que diez personas naturales y seis empresas actuaron como autores principales del delito. En tanto, otras seis personas están señaladas como coautoras, todas imputadas bajo el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la comercialización ilegal y el fraude en productos derivados del petróleo.
Este caso, conocido como Triple A, comenzó a investigarse luego de una denuncia presentada por la coordinadora zonal del Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). La denuncia puso en evidencia irregularidades al detectar diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el realmente comercializado por las empresas involucradas, lo que alertó a las autoridades sobre la posible existencia de una red de comercialización ilegal.
El impacto económico y social de este delito es considerable, pues afecta directamente los ingresos del Estado y pone en riesgo la transparencia del sector hidrocarburífero, clave para la economía nacional. Las autoridades insisten en que se hará justicia para sancionar a quienes se beneficien ilícitamente del combustible destinado al mercado legal.
Con esta solicitud de juicio, la Fiscalía da un paso importante en el proceso judicial que podría sentar un precedente en la lucha contra el tráfico ilegal de hidrocarburos en Ecuador. Se espera que la justicia determine las responsabilidades y aplique las sanciones correspondientes conforme a la ley.
