El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió el 9 de diciembre la «Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos», conocida como la ley antipillos, al Registro Oficial para su publicación. Este paso, ratificado por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, se produjo a pesar de la resistencia en la Asamblea Nacional y de los desacuerdos sobre su proceso legislativo.
En un video compartido por Noboa en sus redes sociales, el mandatario señaló que la ley fue firmada y que, al ser una ley económica urgente, no debe ser archivada en el primer debate. De acuerdo con la ley, entrará en vigor de inmediato, pues se promulga bajo la figura de decreto ley, lo que significa que se considera vigente por ministerio de la ley. Este paso se da tras la falta de un proceso legislativo formal que involucra dos debates en el pleno, algo que el Gobierno sostiene que no se cumplió a tiempo debido a la falta de acuerdo en la Asamblea.
La promulgación de la ley, que busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos y las economías narcodelictivas, fue respaldada por el Ministerio de Gobierno. En su comunicado, se detalló que la ley es esencial para atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, en particular las vinculadas al narcotráfico y las mafias criminales. Según el Gobierno, esta decisión muestra un compromiso con la seguridad del país y busca devolver la paz a la ciudadanía.
Además de las críticas por el proceso legislativo, la ley ha generado controversia por un aspecto específico: la introducción de un impuesto sobre la compra y venta de vehículos usados. El Ejecutivo sostiene que esta medida es necesaria para combatir el lavado de activos, una actividad que, según la ley, es común en este tipo de transacciones. Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación por cómo esta medida podría afectar a los comerciantes de autos usados y a los ciudadanos en general.
Por otro lado, desde la Asamblea Nacional, el secretario general, Alejandro Muñoz, advirtió que si el Gobierno publicaba la ley en el Registro Oficial, esto sería un acto dictatorial y un delito. Según Muñoz, el Ejecutivo estaría usurpando funciones legislativas y simulando el proceso para aprobar la ley sin el debido procedimiento parlamentario.
A pesar de las críticas y la controversia, el Gobierno de Noboa defiende su postura, considerando que la promulgación de la ley por decreto es un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Además, aseguran que actuaron dentro del marco constitucional y con la determinación necesaria para proteger los intereses del Estado y garantizar la seguridad del país.
