El Consejo Nacional Electoral (CNE) inadmitió el recurso de impugnación interpuesto por el movimiento Revolución Ciudadana-Renovación Total (RC-RETO) contra la resolución del organismo del 28 de abril de 2025, que previamente desestimó las objeciones a los resultados presidenciales de la segunda vuelta.
El recurso fue presentado por Francisco Estarellas, procurador común de la alianza RC-RETO, en un intento por revertir la decisión del CNE que ratificó los resultados oficiales del balotaje. Sin embargo, el Pleno del organismo electoral, con el respaldo de cuatro de sus consejeros, consideró que la normativa vigente no contempla la existencia de una segunda instancia dentro del CNE para impugnar resoluciones que ya han sido debatidas y adoptadas por el pleno.
Informe jurídico: sin sustento normativo
La directora nacional de asesoría jurídica del CNE, Nora Guzmán, remitió un informe técnico en el que recomendó no admitir a trámite el recurso. En el documento se establece que “la ley electoral no prevé la posibilidad de interponer un recurso de impugnación contra una resolución sobre objeción de resultados numéricos adoptada por el pleno del Consejo Nacional Electoral”.
Este pronunciamiento legal fue determinante para que el organismo electoral resolviera rechazar el recurso. Según el informe, la única vía legal disponible tras la resolución del CNE es la presentación de una acción ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), instancia jurisdiccional especializada en este tipo de controversias.
Competencia del TCE
Los consejeros del CNE recordaron que cualquier intento de apelar o impugnar una resolución final del pleno debe dirigirse directamente al TCE, dado que es el único organismo competente para conocer y resolver disputas sobre resultados electorales definitivos. “No es función del CNE revisar sus propias decisiones mediante una segunda instancia que no existe en el marco legal ecuatoriano”, puntualizaron.
Contexto político y jurídico
La alianza RC-RETO cuestionó públicamente los resultados de la segunda vuelta electoral, señalando presuntas irregularidades y solicitando una revisión numérica. Sin embargo, con esta inadmisión, el escenario legal se traslada ahora al Tribunal Contencioso Electoral, donde la agrupación política deberá sustentar sus argumentos conforme a la normativa vigente.
Este episodio refleja la tensión política y legal que ha acompañado el proceso electoral ecuatoriano, en el que diversas organizaciones han buscado mecanismos para defender sus posiciones tras los comicios.
