La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este viernes 24 de junio de 2022, sobre las manifestaciones que tienen lugar en Ecuador, a partir del paro indefinido organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que entra en su día número 13, y advirtió que ve “con preocupación” la agudización de las tensiones sociales.
Así lo expresó el organismo en un comunicado en el que, además de detallar los motivos de los reclamos, dijo que las organizaciones denuncian “la ausencia de mecanismos de diálogo efectivos”.
“La CIDH urge a que se realicen todos los esfuerzos necesarios para que se adelante un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, atendiendo las demandas de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad y con pleno respeto a los derechos humanos”, resaltó.
Ante el estado de excepción decretado por el gobierno de Guillermo Lasso para cinco provincias, que rige desde el pasado lunes, la CIDH recordó que el país tiene el deber de “garantizar que las disposiciones adoptadas resulten proporcionales” y que la suspensión de derechos se haga efectiva “cuando constituya la única forma de hacer frente a una determinada situación que no pueda ser enfrentada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales”.
Preocupación por las víctimas.
El organismo internacional, también remarcó su preocupación porque seis personas perdieron la vida en el contexto de las protestas, al menos dos a causa de impactos de armas de fuego. «Asimismo, al menos 166 personas manifestantes han resultado heridas y 120 agentes de la Policía Nacional. Según cifras oficiales, 108 personas han sido aprehendidas”, sostiene.
“La CIDH y su RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión), adicionalmente, tomaron nota de los distintos actos de violencia reportados por el Estado en contra de agentes y bienes públicos”, repasa el comunicado.
Sin embargo, también remarca que el Estado debe “actuar sobre la base de la licitud de las protestas”, ya que, algunos hechos de violencia, no justifican criminalizar “en forma generalizada” la manifestación.
Pese a que reconocen las intenciones de llamar al diálogo por varios de los actores involucrados, lamentan que aún no se haya concretado.
“En el marco de la institucionalidad democrática, el Estado es el responsable de garantizar los derechos y canalizar los reclamos de la población, por lo que debe velar por el fortalecimiento de espacios que aborden las peticiones, reivindicaciones y demandas. Es por ello que la CIDH y su RELE urgen a que el Estado adopte medidas para prevenir cualquier abuso por parte de sus agentes atendiendo a sus compromisos en materia de derechos humanos”, concluye.
