La Asamblea Nacional ha decidido esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre la posible reactivación de juicios políticos que fueron archivados anteriormente por la Comisión de Fiscalización. Esta medida afecta a tres exministros del Gobierno de Guillermo Lasso y fue impulsada por una reciente sentencia del juez Édgar Romero.
El pasado 2 de septiembre, los grupos políticos opositores al actual Gobierno se preparan para votar contra la sentencia de Romero. El juez ordenó la reactivación de estos juicios y también suspendió el juicio en curso contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Para enfrentar esta situación, el legislador Leonardo Berrezueta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), propondrá un cambio en el orden del día de la sesión 956. En su propuesta, Berrezueta someterá a debate un proyecto de resolución que rechaza la sentencia del juez, argumentando que dicha decisión interfiere gravemente en la independencia de las funciones estatales.
El proyecto de resolución también respalda las acciones del presidente de la Asamblea Nacional, quien solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la sentencia del juez en la acción de protección. Una vez que la Corte se pronuncie, la Asamblea Nacional decidirá si reanuda los juicios políticos correspondientes.
El proyecto que se discutirá incluye varios puntos clave. Primero, rechaza enérgicamente la sentencia del juez Édgar Romero, citando violaciones a la Constitución y la interferencia en las funciones del Estado, contraria a la sentencia de la Corte Constitucional 122-22-JC/23 del 25 de octubre de 2023. Además, autoriza al presidente de la Asamblea Nacional a presentar todos los recursos legales pertinentes contra esta sentencia. También se ratifica la solicitud del presidente para que la Corte Constitucional inicie la etapa de seguimiento de la sentencia mencionada y se pronuncie sobre la causa actual. Posteriormente, la Asamblea Nacional decidirá si continúa con los juicios políticos.
El documento también autoriza al presidente de la Asamblea a presentar denuncias ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado contra el juez que emitió la sentencia, así como contra cualquier persona involucrada. Además, se instruye al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa para iniciar procedimientos administrativos contra los asambleístas Inés Margarita Alarcón Bueno y Xavier Andrés Jurado Bedrán, sujetos al pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Finalmente, el texto ratifica el actuar del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, en su rol como vocero y en relación con los comentarios públicos que han expresado el rechazo a la sentencia y la interferencia en la independencia de las funciones del Estado.
