En el marco del caso Liga2, la exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Yadira Saltos, quien está siendo procesada por asociación ilícita, solicitó al sistema judicial que se justifique su inasistencia a la primera presentación periódica ordenada para el 31 de marzo de 2025. Actualmente, la exfuncionaria se encuentra en México y busca excusar su falta en la cita debido a motivos de salud. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha solicitado que se rechace la documentación médica presentada por la acusada, considerando que no está suficientemente fundamentada.
Contexto del caso Liga2
Yadira Saltos forma parte de un proceso judicial junto a otros exconsejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, todos ellos vinculados al caso conocido como Liga2. La investigación está centrada en la presunta creación de una estrategia para controlar diversas instituciones del Estado ecuatoriano con el fin de beneficiar al movimiento político Revolución Ciudadana (RC). Según las acusaciones, los implicados habrían planificado obtener el control de entidades claves como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, entre otros organismos, con el objetivo de favorecer a la organización política liderada por Rafael Correa.
La instrucción fiscal en este caso fue iniciada en marzo de 2025, y además de los exconsejeros Saltos, Verduga y Franco Loor, se encuentra incluida la actual consejera Nicole Bonifaz.
Solicitud de justificación por motivos médicos
Yadira Saltos, quien actualmente reside en México, justificó su inasistencia a la audiencia de presentación periódica aludiendo a un diagnóstico médico desfavorable. Según un escrito presentado en los primeros días de abril, Saltos explicó que viajó a México en marzo de 2025 por razones de salud. En su declaración, la exconsejera indicó que su intención siempre ha sido colaborar con la justicia, y que había planeado regresar a Ecuador antes de la fecha estipulada para su presentación periódica. Sin embargo, relató que su condición médica, que requiere de fisioterapia y un tratamiento conservador, le impide realizar esfuerzos físicos o viajes largos, debido a un diagnóstico que podría requerir una intervención quirúrgica.
Saltos señaló que ha seguido un tratamiento con especialistas, quienes le han prohibido emprender viajes largos o realizar esfuerzos físicos innecesarios. Según su versión, la prohibición médica sería la razón por la cual no pudo cumplir con la cita judicial del 31 de marzo.
Posición de la Fiscalía
Sin embargo, la Fiscalía General ha manifestado que la documentación presentada por Saltos no está debidamente fundamentada y no cumple con los requisitos necesarios para justificar su inasistencia. Por lo tanto, se ha solicitado que la solicitud sea rechazada. La Fiscalía considera que la justificación médica de Saltos no cuenta con los elementos probatorios suficientes para suspender la medida de presentación periódica impuesta en el marco del proceso penal que enfrenta.
El caso sigue en proceso, y la solicitud de Yadira Saltos para justificar su inasistencia por razones médicas será evaluada por los jueces competentes. Mientras tanto, el caso Liga2 continúa siendo uno de los más seguidos por la opinión pública debido a las implicaciones políticas y judiciales que involucra a varios exfuncionarios del CPCCS y sus vínculos con el movimiento político de la Revolución Ciudadana.
Implicaciones políticas y judiciales del caso Liga2
El caso Liga2 ha generado gran atención debido a la participación de figuras vinculadas al correísmo, lo que ha elevado el debate sobre el control de instituciones clave del Estado. La acusación de asociación ilícita pone en evidencia las presuntas maniobras de ciertos actores políticos para influir en el sistema judicial y financiero del país, lo que ha aumentado las tensiones entre los actores políticos y la sociedad.
El futuro de este proceso dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en las próximas semanas, mientras los implicados continúan presentando sus pruebas y defendiendo su inocencia. La resolución del caso será clave para determinar las repercusiones políticas y legales que podrían derivarse de la posible manipulación de instituciones del Estado por parte de actores políticos.
