La Asamblea Nacional de Ecuador ha anunciado su intención de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) contra la denominada Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como la «ley antipillos». La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue rechazada y archivada por la Asamblea el 27 de noviembre de 2024, pero fue promulgada como decreto ley el 10 de diciembre de 2024, lo que generó fuertes reacciones en el Legislativo.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, condenó la decisión del gobierno y calificó de inconstitucional la promulgación de la ley. Veloz aseguró que el proceso legislativo no cumplió con los pasos necesarios, pues la ley fue rechazada y archivada en su primer debate con 84 votos en contra. Según la normativa ecuatoriana, un proyecto de ley económico urgente debe ser discutido en dos debates en la Asamblea, y si no se pronuncian dentro de los 30 días establecidos por la ley, el presidente tiene derecho a promulgarlo por decreto. Sin embargo, el gobierno consideró que no hubo una decisión formal por parte del Legislativo, por lo que utilizó la facultad para emitir el decreto ley.
El Registro Oficial publicó el decreto el 10 de diciembre, lo que causó un nuevo conflicto, ya que se considera que esta acción contraviene el procedimiento legislativo. Veloz, en su comunicado, acusó a la Corte Constitucional de ser un instrumento del Gobierno al permitir la publicación de una ley sin respetar las formalidades constitucionales. Afirmó que la Corte, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, no ha hecho nada para impedir esta violación, lo que, según ella, constituye un ataque a la democracia y al bienestar del pueblo ecuatoriano.
La presidenta de la Asamblea también adelantó que presentará una denuncia penal contra el director del Registro Oficial, acusándolo de proceder ilegalmente al publicar el decreto ley sin que se cumpliera el debido proceso. En sus declaraciones, Veloz reiteró que el proyecto había sido archivado por la Asamblea, lo que hace inconstitucional su posterior promulgación por parte del Ejecutivo.
La situación ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, con acusaciones de abuso de poder por parte del Gobierno, que ha utilizado el mecanismo del decreto ley para imponer una legislación que fue rechazada por el Parlamento. Los miembros de la Asamblea han señalado que el propósito de la ley es imponer más impuestos a los ciudadanos, lo que afectaría gravemente a la economía del país y a las familias ecuatorianas.
Veloz, quien ha sido una de las voces más críticas contra el gobierno de Daniel Noboa, destacó que esta no es la primera vez que el Ejecutivo utiliza la figura de la ley económica urgente para forzar leyes que no han pasado por el debido proceso legislativo. La asambleísta indicó que la lucha será por defender la Constitución y la soberanía del Parlamento frente a los abusos que, según ella, busca cometer el Gobierno.
La ley antipillos, cuyo objetivo principal es combatir el lavado de activos, se había generado a partir de una propuesta presidencial y fue vista por algunos sectores como una medida necesaria para fortalecer la recaudación fiscal. Sin embargo, la polémica surgió cuando se intentó aprobar una ley económica urgente sin pasar por los debates formales y con una presión por parte del Gobierno para su implementación rápida.
En resumen, la Asamblea Nacional, liderada por Viviana Veloz, se prepara para presentar una acción judicial y una denuncia penal contra el Registro Oficial, buscando que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley y proteja los principios fundamentales de la Constitución de Ecuador.
