La situación política en Ecuador se intensifica con el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Este lunes 7 de octubre a las 18:30, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá para evaluar un informe que recomienda el enjuiciamiento de Palencia. Sin embargo, el sector correísta no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta recomendación, lo que podría resultar en un informe de posiciones sin mayor respaldo.
La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, ha convocado a los miembros a una sesión que, como es habitual en este proceso, se llevará a cabo de manera virtual. Desde el inicio de las deliberaciones, solo una sesión se ha realizado de forma presencial. El juicio político contra Palencia fue propuesto por los asambleístas correístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, y se basa en dos acusaciones principales.
La primera acusación se relaciona con la actuación de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, cuando se detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente preso en Guayaquil. En el informe, Aguirre señala que la Comisión debe abstenerse de emitir juicios sobre este hecho, ya que está siendo tratado por una Jurisdicción Internacional.
La segunda acusación apunta a la falta de un plan efectivo para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado, específicamente el llamado «Plan Fénix», que, según los asambleístas, no ha sido implementado por la ministra.
En la Comisión de Fiscalización, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) cuenta con cuatro votos a favor del informe, mientras que el bloque oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), también tiene cuatro votos en contra. La clave del voto, que podría determinar el futuro del informe, recae en Lenin Rogel, un legislador expulsado del Partido Social Cristiano (PSC), quien parece inclinarse hacia la abstención. En consecuencia, no habrá un informe de mayoría.
De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el informe no se aprueba en los plazos establecidos, la presidenta de la Comisión deberá enviar las actas de votación y un resumen de las posiciones a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Ella tendrá cinco días para incluirlo en el orden del día, y se anticipa que el tema será debatido en una sesión convocada para el lunes 14 de octubre, donde se necesitarán 70 votos para decidir si se archiva el caso o se avanza con el juicio político.
El expediente que acompaña el informe de Aguirre consta de 92 páginas y detalla el proceso seguido hasta ahora, incluyendo la suspensión temporal del juicio por decisiones judiciales previas. Tras revisar las pruebas presentadas, la presidenta de la Comisión ha planteado siete conclusiones respecto al caso.
Entre los hallazgos, se establece que la solicitud de juicio político cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. También se asegura que se ha garantizado el derecho al debido proceso para todas las partes involucradas, quienes tuvieron acceso al expediente digital desde el inicio del proceso.
Las conclusiones subrayan que Mónica Palencia ha incumplido con varias funciones según artículos de la Constitución, incluyendo la obligación del Estado de garantizar seguridad, así como el deber de los ministros de gestionar políticas públicas adecuadas. También se señala que no se ha promovido la creación de Consejos Provinciales de Seguridad, lo que contraviene la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Por último, se indica que la ministra ha fallado en dirigir adecuadamente las políticas de seguridad ciudadana y en supervisar la Policía Nacional, lo que ha generado preocupaciones sobre la efectividad de su gestión en un contexto de creciente inseguridad en el país.
