El juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha provocado una serie de tensiones y confrontaciones entre la Asamblea Nacional y la Función Judicial. La situación se ha complicado con denuncias de persecución judicial y acciones de protección interpuestas por el acusado con el fin de suspender el proceso.
El 12 de diciembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por la legisladora Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), comenzó una sesión crucial en el juicio, aunque con una hora de retraso. La demora se debió a que Aguirre tuvo que revisar el sistema de gestión judicial electrónica, donde se percató de que Guarderas había presentado dos acciones de protección para frenar el avance del juicio político. A pesar de estas maniobras, la sesión continuó sin la presencia del acusado, lo que permitió que la interpelante Ana Herrera (RC) expusiera los argumentos y pruebas en su contra.
La legisladora Herrera ha acusado a Guarderas de violar el deber de reserva, falsificar una firma en una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad y presuntos actos de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial. La presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, criticó las acciones de protección presentadas contra ella y la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, calificándolas de un intento de intimidación para evitar que cumplan con su rol de fiscalizar al poder público. Aguirre aseguró que estas acciones no detendrán el juicio y que la Comisión de Fiscalización continuará con su trabajo sin ceder a las presiones.
«No nos van a intimidar», afirmó Aguirre, quien añadió que en caso de que se concedan medidas cautelares, la Comisión no las acatará, ya que considera que estas interferencias van en contra de la democracia. Recordó que existe una sentencia de la Corte Constitucional que establece que los procesos políticos deben ser garantizados y que la Asamblea tiene el derecho y la obligación de ejercer su función fiscalizadora.
Por otro lado, Guarderas no asistió a la sesión y, en su lugar, publicó un comunicado en el que se quejaba de no haber sido notificado correctamente, alegando que no recibió las convocatorias por los canales oficiales, lo que, según él, violaba sus derechos. A pesar de su ausencia, la práctica de pruebas continuó, lo que para Guarderas fue una flagrante violación de sus derechos. Según el reglamento, la práctica de pruebas debe realizarse con la presencia de todas las partes involucradas para garantizar la contradicción y la igualdad en el proceso.
El juicio seguirá su curso con la audiencia final de alegatos prevista para el 14 de diciembre. Tras la audiencia, se procederá a la elaboración del informe que será presentado a la presidencia de la Asamblea Nacional para su tratamiento en el pleno. Este informe determinará las conclusiones del juicio y las posibles sanciones contra Guarderas.
Ana Herrera, quien promovió el juicio, lamentó que Guarderas no haya comparecido ante la Comisión y defendido su posición. Aseguró que las acusaciones en su contra son graves, incluyendo el incumplimiento de funciones y el uso indebido de su cargo para beneficios personales. También rechazó el uso de las instituciones de justicia con fines represivos, ya que considera que se están utilizando como un mecanismo para frenar la fiscalización.
En un giro adicional, Herrera también enfrenta una acción en su contra ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta campaña anticipada en 2022-2023. La asambleísta denunció que fue notificada de esta acción en un tiempo récord de tres días, lo que para ella constituye un ejemplo claro de la utilización del sistema judicial con fines políticos.
Este juicio político, que enfrenta al poder Legislativo con el poder Judicial, continúa siendo un tema de controversia en Ecuador, reflejando las tensiones dentro de las instituciones del país y la lucha por el control de la fiscalización y la justicia.
