Este viernes 13 de diciembre, la Asamblea Nacional de Ecuador se reunirá para resolver el futuro del proyecto de ley conocido como la “ley antipillos”, impulsado por el Ejecutivo en un intento por mejorar la recaudación fiscal y combatir el lavado de activos. El presidente de la República promulgó este proyecto como un decreto ley, a pesar de haber sido previamente rechazado y archivado por el Parlamento, lo que ha desatado una serie de críticas y acusaciones sobre su legalidad y constitucionalidad.
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, ha expresado abiertamente su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo. En sus declaraciones, Veloz calificó de ilegal e inconstitucional la publicación del proyecto de ley en el Registro Oficial. Según ella, esta acción no solo infringe la Constitución, sino que también socava lo que queda de la institucionalidad en el país. «Este acto carece de legalidad y es un reflejo de una grave violación a la democracia», comentó Veloz. Además, recalcó que la medida responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no a una verdadera lucha contra la corrupción, como se intenta presentar.
La presidenta de la Asamblea aseguró que la ley, en lugar de atacar a los corruptos como su nombre sugiere, impone nuevas cargas impositivas a la clase media, un sector ya golpeado por la crisis económica del país. Según Veloz, el verdadero objetivo del Gobierno es asegurar un nuevo desembolso de más de 500 millones de dólares del FMI, lo que implicaría que los ecuatorianos, especialmente de clase media y baja, serían quienes terminen pagando los costos.
En este contexto, Veloz anunció que la Asamblea Nacional presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que declare nula la ley y expulse la norma del ordenamiento jurídico. Además, solicitó una medida cautelar de suspensión provisional de los impuestos establecidos en la ley, mientras se resuelve el proceso judicial. A pesar de las medidas que busca tomar la Asamblea, Veloz manifestó su desconfianza hacia la Corte Constitucional, alegando que esta ha sido influenciada por el poder político y que, en ocasiones, ha emitido decisiones que favorecen al Ejecutivo en detrimento de la democracia.
Por su parte, el asambleísta oficialista Adrián Castro, del movimiento ADN, defendió la promulgación del decreto ley, argumentando que la Asamblea Nacional debería haber esperado unos días más antes de rechazar el proyecto para que se pudiera realizar algún ajuste y aprobarlo. Castro también adelantó que el Ejecutivo publicará en los próximos días el reglamento de la ley, que incluirá la tabla de pagos y la reducción de impuestos en la compra y venta de vehículos.
Inés Alarcón, también de ADN, instó a los legisladores a respetar el proceso y destacó que solo una medida cautelar podría suspender la aplicación de la ley, que, de no ser suspendida, entrará en vigor en todo el país. Otros asambleístas, como Paúl Buestán del movimiento Construye, criticaron la ley por no cumplir con los requisitos constitucionales, especialmente en cuanto a la unidad de materia, y señalaron que no aborda los problemas reales de la economía ecuatoriana.
Christian Vega, de la bancada Revolución Ciudadana, coincidió en que la Asamblea debe mantener su postura de archivo y que la Corte Constitucional debería intervenir para determinar si el Ejecutivo actuó fuera de sus competencias al imponer la promulgación de una ley sin seguir el procedimiento legislativo establecido. Vega también destacó la necesidad de que la Corte considere la legalidad del proceso y otorgue una medida cautelar hasta que se resuelva el conflicto.
Finalmente, Pedro Velasco, asambleísta independiente, resaltó que tanto el Ejecutivo como la Asamblea tienen responsabilidades en este proceso. Según Velasco, el proyecto de ley enviado por el Gobierno incluía varias materias, lo cual está prohibido por la ley. Además, criticó la falta de advertencia sobre las posibles inconstitucionalidades durante el proceso legislativo, que podría haber sido detectada por la Unidad Técnica Legislativa.
El futuro de la “ley antipillos” ahora depende de lo que decida la Corte Constitucional, que tendrá que resolver si el Ejecutivo excedió sus atribuciones al promover la ley sin seguir el proceso legislativo adecuado.
