Mercedes Caicedo, jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), denunció públicamente ante la Fiscalía General del Estado haber sido víctima de intimidaciones y amenazas tras dictar sentencia contra los implicados en el caso Metástasis, una de las investigaciones penales más relevantes del país. La magistrada, quien integró el tribunal junto a Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, afirmó que continuará ejerciendo sus funciones pese a las presiones.
Amenazas tras sentencia en caso de crimen organizado
La jueza Caicedo reveló el 23 de abril de 2025, a través de su cuenta oficial en X, que ha sido objeto de persecuciones, amedrentamientos y vigilancia, situación que se agravó cuando desconocidos se acercaron a su residencia. “Lo que no entendí como posible es que se acerquen a mi hogar”, expresó con firmeza.
Aunque inicialmente prefirió ignorar las amenazas, la gravedad de los hechos la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía y a adoptar medidas de seguridad adicionales.
Compromiso con su rol judicial y llamado a las autoridades
Durante un período de licencia con cargo a vacaciones, la jueza reflexionó sobre los riesgos que enfrenta, pero también sobre su vocación. Reincorporada a sus labores, dejó claro que no cederá ante las amenazas. “Cumpliré mi juramento hasta cuando Dios lo permita”, escribió en su declaración pública.
Asimismo, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura, al Ministerio de Gobierno y a la propia Corte Nacional para que garanticen la seguridad de los operadores de justicia. Actualmente, cuenta con resguardo de la Policía Nacional.
El caso Metástasis: condenas por crimen organizado
La jueza Mercedes Caicedo fue parte del tribunal que el pasado mes emitió un fallo histórico en el caso Metástasis. En esta causa se sentenció a Xavier N. A., alias «Novi» o «Novita», a diez años de prisión como líder de una estructura criminal que operaba con complicidad de funcionarios judiciales y policiales.
También fueron condenados por colaboración agravada varias figuras públicas, entre ellas:
- Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.
- Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
- Exjueces y exfiscales, como Ronald Xavier G. C., Johann Gustavo M. M., María José A. C., y otros servidores del sistema judicial y policial.
Estas personas recibieron penas de hasta nueve años y cuatro meses de prisión, al comprobarse su participación activa en el esquema criminal mientras ocupaban cargos públicos.
Otros colaboradores —como la exguía penitenciaria Katherine Pilar G. A. y el empresario Eduardo Alejandro R. P.— fueron sentenciados a siete años de prisión. Tres personas más, con atenuantes legales, recibieron penas de tres años y cuatro meses.
Justicia bajo presión
La valiente postura de Caicedo pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los jueces en casos de crimen organizado de alto impacto. Su testimonio y denuncia refuerzan la urgencia de implementar mecanismos de protección efectivos para operadores judiciales, sobre todo en causas que involucran redes delictivas infiltradas en el sistema institucional.
