Exvocales del CPCCS recuperarán sus derechos políticos en 2026 tras fallo del TCE
El juez electoral Juan Patricio Maldonado del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó el 29 de octubre el pedido de Vielka Párraga Macías para modular su sanción y reducirla a un año de suspensión de derechos políticos. Con esta decisión, Párraga, Augusto Verduga Sánchez y Eduardo Franco Loor podrán volver a participar en elecciones a partir de febrero de 2026, tras cumplir el nuevo plazo establecido.
Los tres fueron parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y formaron parte de la llamada “Liga Azul”, junto a Yadira Saltos. En enero de 2024, el pleno del TCE los destituyó por incurrir en una infracción electoral grave, contemplada en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, que sanciona el incumplimiento de resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de sentencias del propio TCE.
Sanción inicial y antecedentes del caso
La resolución original, dictada el 31 de enero de 2024, estableció la pérdida de derechos políticos por cuatro años, la destitución del cargo y una multa de 70 salarios básicos unificados, equivalente a $31.500. Esta sentencia quedó en firme el 7 de febrero de 2025, según certificó la Secretaría General del TCE.
El fundamento de la sanción se basó en que los exvocales fueron promocionados durante la campaña de 2023 por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), a pesar de que la Constitución prohíbe el respaldo partidista en este tipo de postulaciones.
Aplicación del principio de favorabilidad
El juez Maldonado, al revisar el caso, argumentó que en materia de derecho electoral sancionador rige el principio de favorabilidad, similar al derecho penal. Este principio dispone que, en caso de existir dos normas aplicables a una misma conducta, debe aplicarse la que resulte más beneficiosa para el sancionado.
“La infracción se cometió antes de la reforma, pero el principio de favorabilidad opera en cualquier etapa, incluso cuando la causa está en ejecución”, señaló Maldonado en su resolución.
De esta forma, el magistrado redujo la sanción a un año de suspensión contada desde la fecha de ejecución de la sentencia, es decir, desde el 7 de febrero de 2025 hasta el 7 de febrero de 2026. En consecuencia, desde esa fecha, los tres exconsejeros recuperarán sus derechos políticos y podrán presentarse como candidatos o ejercer cargos públicos.
Reformas legales que cambiaron el panorama
El 25 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó con 125 votos las reformas al Código de la Democracia, promovidas por legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC) y bloques independientes.
Antes de esta modificación, quienes incumplían resoluciones del CNE o sentencias del TCE podían ser sancionados con multas entre 21 y 70 salarios básicos, además de la destitución y la suspensión de derechos políticos entre dos y cuatro años.
Tras la reforma, las sanciones se redujeron a multas entre 11 y 50 salarios básicos, y la suspensión de derechos políticos hasta un año.
Reacciones y pedidos adicionales
El abogado Eduardo Franco Loor solicitó también que su multa se reduzca a 50 salarios básicos, aunque el juez no aceptó esa parte del pedido. Por su parte, Yadira Saltos, otra de las destituidas, no ha solicitado la modulación de su sanción.
Los activistas políticos Pamela Troya y Santiago Becdach, denunciantes del caso, presentaron una apelación señalando que el fallo constituye “cosa juzgada” y que las sentencias no pueden ser modificadas, pero el juez negó su recurso.
El constitucionalista José Chalco explicó que el fallo “es consecuencia directa del cambio legal”, y aunque puede parecer polémico, no es ilegal. “Cuando una nueva regulación establece sanciones más benignas, se aplica el principio de favorabilidad, sin que exista retroactividad”, puntualizó.
Con la decisión judicial, Párraga, Verduga y Franco podrán retomar su actividad política en 2026, mientras que el debate sobre los alcances del principio de favorabilidad continúa generando cuestionamientos en el ámbito jurídico y político.
