El pasado 3 de junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 82 votos la reforma parcial que habilitaría la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional, exclusivamente con fines militares. Esta iniciativa forma parte del plan de seguridad impulsado por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la normativa aún no entra en vigencia, ya que debe ser sometida a un segundo dictamen de la Corte Constitucional (CC). Si es aprobada, pasará al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá organizar un referéndum en un plazo máximo de 45 días.
El abogado constitucionalista José Chalco-Salgado, en entrevista con este medio, analizó la medida y lanzó una crítica directa: “La Asamblea ha actuado sin un cálculo estratégico”, refiriéndose a que la aprobación, aunque jurídicamente válida, carece de una evaluación integral sobre sus implicaciones geopolíticas y de seguridad.
La amenaza criminal ha evolucionado
Chalco-Salgado argumenta que el contexto actual de criminalidad justifica este tipo de reformas. “Los crímenes ya no son locales, sino transnacionales. Lo que enfrentamos hoy no son delitos de barrio, sino redes internacionales del crimen organizado”, señaló. Desde su perspectiva, la cooperación entre Estados es esencial, y permitir la presencia de fuerzas extranjeras podría representar un paso crucial en la lucha contra estas nuevas formas de delincuencia global.
La Corte Constitucional tiene la última palabra
A pesar de la aprobación legislativa, la Corte Constitucional será quien determine si esta reforma puede avanzar. Según el experto, este segundo dictamen será clave para garantizar que el texto cumpla con los principios de soberanía y legalidad que rigen la Constitución ecuatoriana.
“Las amenazas actuales requieren respuestas de Estado, no solo nacionales, sino también coordinadas con otras naciones. Pero eso no exime de un análisis serio. La soberanía no puede ser negociada a la ligera”, puntualizó Chalco-Salgado.
