Miembros de las comunidades indígenas kichwa y waorani de Aguarico, en la provincia de Orellana, han decidido llevar su protesta a la Corte Constitucional para intentar revertir la consulta popular de 2023 que resultó en el cierre del bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. El martes 3 de septiembre, los representantes indígenas viajaron a Quito para reunirse con funcionarios del gobierno y anunciar su intención de presentar una acción de protección ante el máximo tribunal del país.
El viaje a la capital se vio marcado por una tragedia: uno de los tres autobuses que transportaban a los indígenas sufrió un accidente en la carretera Pifo-Papallacta debido a una falla mecánica. Este incidente resultó en la muerte de nueve personas y dejó a trece heridas. El autobús accidentado transportaba miembros de la comunidad Waorani Kawimeno, según informó Lauro Papa, presidente de la Organización de Comunas de Aguarico. A pesar de la tragedia, los otros grupos continuaron su trayecto hacia Quito.
En la capital, los líderes indígenas se dirigieron a las oficinas de Petroamazonas, donde fueron recibidos por Andrés Vásconez, subsecretario del Ministerio de Gobierno; Valeria Arroyo, asesora del Ministerio de Energía y Minas; y Nuvia Vega, gobernadora de Orellana. Durante la reunión, solicitaron la continuación de la explotación en el campo ITT, argumentando que la consulta popular que llevó al cierre del bloque no fue adecuadamente comunicada ni discutida con las comunidades afectadas.
Lauro Papa criticó duramente a YASunidos, el colectivo ecologista que promovió la consulta popular, acusándolos de manipular a otras comunidades indígenas. Papa alegó que el fin de la actividad petrolera en el bloque 43 tendría consecuencias económicas negativas, incluyendo la pérdida de empleos para aproximadamente 400 personas y la pérdida de beneficios en infraestructura, salud y educación que la actividad petrolera ha proporcionado a la región.
Papa también afirmó que la Corte Constitucional no respetó los derechos de las comunidades locales al decidir sobre la explotación petrolera sin una consulta adecuada con los habitantes de la zona. La gobernadora Vega y el subsecretario Vásconez anunciaron que el 10 de septiembre se instalarán mesas en Aguarico para abordar las necesidades locales y buscar soluciones. Vega reafirmó que el gobierno está cumpliendo con la consulta popular que decidió mantener el crudo bajo tierra y señaló que el Ejecutivo solo puede garantizar una transición ordenada.
Después de la reunión en Quito, los indígenas regresaron a la Corte Constitucional para manifestar su apoyo a la explotación petrolera. Lauro Papa informó que formalizarán su acción de protección en tres días, tras decidir no hacerlo inmediatamente como muestra de respeto por las víctimas del accidente de tránsito.
