Desde julio hasta el 24 de septiembre, Quito ha sido escenario de más de 300 incendios forestales, afectando más de 1,800 hectáreas. Las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito, están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas y responsables de estos siniestros que han impactado áreas como Cumbayá, Guápulo y Bellavista.
En respuesta al grave problema, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas de los incendios. El presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta en la red social X, informó que canceló su agenda en la ONU para regresar al país y coordinar los esfuerzos contra lo que él llama «el enemigo» de la ciudad. Noboa advirtió que si se comprueba que los incendios fueron provocados intencionalmente, los implicados podrían enfrentar cargos de terrorismo.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, apoyó la decisión de la Fiscalía y subrayó que los incendios son «criminales y terroristas». En declaraciones a los medios, Muñoz mencionó que el megaincendio que se desató la noche del 24 de septiembre fue resultado de una acción humana, lo que confirma su tesis de que «Quito está bajo ataque».
Más de 300 Incendios en Tres Meses
Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Ciudadana de Quito, detalló que desde julio se han reportado más de 300 incendios, con múltiples focos activos en zonas críticas de la ciudad. En el transcurso de un solo día, además de los incendios principales, se registraron 27 quemas de desechos en la capital. La hipótesis inicial del Municipio indica que la mayoría de estos incendios fueron provocados por acción humana.
En relación a las trece denuncias sobre incendios, se han detenido a dos personas, quienes están bajo investigación y se enfrentan a juicios relacionados con los incidentes en El Panecillo y El Chiche. Muñoz reafirmó el compromiso de las autoridades: “A los pirómanos los vamos a buscar hasta debajo de las piedras”.
Marco Legal y Sanciones
Las investigaciones están enmarcadas en el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de uno a tres años de prisión para quienes provoquen incendios forestales. Si los actos se producen en áreas protegidas, las penas pueden aumentar en un tercio. Las quemas agrícolas o domésticas, cuando se vuelven incontrolables, también son objeto de sanción, aunque con penas menores.
El penalista Miguel Revelo advierte que, si bien el daño es considerable, es prematuro calificar los hechos como terrorismo sin la debida evidencia. Sostiene que las investigaciones de la Fiscalía deben seguir su curso para esclarecer la naturaleza del delito.
Posibilidad de Acusaciones por Terrorismo
El artículo 366 del COIP define el terrorismo como actos que causan terror a la población y ponen en peligro la vida y la integridad de las personas. El jurista Carlos Soria argumenta que, si se comprueba que las acciones fueron concertadas, podría aplicarse la ley de terrorismo, pero enfatiza que esto depende de los elementos de prueba que se recojan durante la investigación.
Soria también mencionó que la simultaneidad de los incendios en varias áreas de Quito podría ser un indicio de que se trata de un ataque coordinado, lo que justificaría una investigación más profunda. La clave, según él, es que la Fiscalía presente pruebas suficientes para que los cargos de terrorismo sean viables y no se conviertan en un instrumento político.
Conclusión
La situación en Quito es alarmante, y la posibilidad de que se presenten cargos de terrorismo contra los responsables de los incendios plantea un dilema legal y ético significativo. Con más de 300 incendios en tres meses, la respuesta de las autoridades y la cooperación de la comunidad serán cruciales para combatir esta crisis y proteger el patrimonio natural de la ciudad.
