El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes la suspensión inmediata del intercambio de inteligencia con Estados Unidos, en protesta por los recientes bombardeos estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico. Según el mandatario, las operaciones, ordenadas por el presidente Donald Trump, constituyen “ejecuciones extrajudiciales” y violan los derechos humanos.
De acuerdo con las cifras reveladas por Petro, los ataques han dejado al menos 76 muertos y 20 lanchas hundidas desde el inicio de la ofensiva norteamericana. “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Petro sostuvo que la medida se mantendrá mientras continúen los ataques con misiles contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. “No se puede combatir el crimen violando el derecho internacional humanitario”, subrayó el jefe de Estado.
La decisión profundiza la tensa relación diplomática entre Bogotá y Washington, deteriorada desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero. En los últimos meses, la Casa Blanca retiró a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico, revocó la visa de Petro y de varios altos funcionarios, y en octubre anunció la suspensión de la ayuda financiera antidrogas destinada al país.
Expertos en política internacional señalan que esta crisis marca un punto crítico en las relaciones bilaterales. “El intercambio de inteligencia ha sido un pilar central en la cooperación antidrogas entre ambos países durante más de dos décadas. Su suspensión impacta directamente las operaciones conjuntas”, explicó María Fernanda Pérez, analista del Instituto Colombiano de Estudios Estratégicos.
Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense defendió los bombardeos, argumentando que las embarcaciones atacadas “transportaban grandes cargamentos de cocaína” y representaban una amenaza a la seguridad regional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos en Colombia han exigido una investigación internacional sobre las muertes y la legalidad de los ataques sin previo aviso.
Mientras tanto, el gobierno colombiano busca apoyo en organismos multilaterales como la ONU y la OEA para denunciar lo que Petro calificó como “acciones unilaterales que vulneran la soberanía nacional y el derecho a la vida”.
El presidente colombiano reiteró que su administración seguirá comprometida con la lucha contra el narcotráfico, pero bajo un enfoque de cooperación respetuosa y basada en los derechos humanos. “La paz no se construye con misiles ni con ejecuciones. Se construye con justicia y con respeto por la dignidad de los pueblos”, concluyó.
