El presidente del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y candidato a asambleísta, Guillermo Celi, está en el centro de una denuncia por contravención penal tras la acusación de una empresa por emitir expresiones de descrédito. La denuncia fue presentada por Agencias Universales S.A., una compañía que gestiona el puerto de Manta, que reclama daños a su imagen. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo de contravención se sanciona con prisión de 15 a 30 días.
El proceso legal, iniciado el 14 de junio de 2024, llevó a la emisión de una orden de captura contra Celi por parte del juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Guayaquil, Nelson Rojas Barro. Sin embargo, el 18 de noviembre, el magistrado suspendió la orden de captura y citó al político a una audiencia de juzgamiento programada para el 29 de noviembre de 2024, a las 11:15 a.m. en la Unidad Judicial de Guayaquil.
El motivo de la denuncia
Agencias Universales S.A., que asumió la administración del puerto de Manta en 2016 a través de un contrato de concesión con la Autoridad Portuaria de Manta, asegura que Celi emitió comentarios difamatorios que afectaron su reputación. La empresa sostiene que las declaraciones del político, difundidas públicamente, contenían expresiones agresivas, violentas y despectivas, lo que llevó a la interposición de la denuncia. Como resultado, Agencias Universales solicita que se dicte una pena de prisión de 30 días para Celi, además de una reparación integral por el daño causado a su imagen.
El contexto político de la denuncia
Guillermo Celi, quien se postula para una curul en la Asamblea Nacional de Ecuador en las elecciones de febrero de 2025, calificó la denuncia como una persecución política. En su defensa, Celi recordó que, como candidato calificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), goza de inmunidad hasta la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones. Esta inmunidad, según el político, lo protege de ser procesado durante su campaña.
Detalles de la contravención penal
La contravención penal que enfrenta Celi está tipificada en el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que quien, por cualquier medio, incluyendo las tecnologías de la información, profiera expresiones que causen descrédito o deshonra a otra persona, puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de entre 15 y 30 días. Esta disposición busca prevenir el uso de lenguaje violento, vulgar o agresivo en el ámbito público, protegiendo así el honor de los individuos y entidades.
El impacto de las declaraciones
El caso de Celi pone en evidencia la tensión entre la libertad de expresión y la protección del honor en el ámbito político y empresarial. Las acusaciones de Agencias Universales S.A. subrayan la delicadeza de las declaraciones públicas de los políticos, que pueden tener repercusiones tanto en su reputación como en la de las empresas o instituciones involucradas. Este tipo de contravención penal refleja una creciente preocupación sobre el uso adecuado de las plataformas digitales y la responsabilidad de los actores políticos en su discurso.
Próximos pasos en el proceso judicial
El próximo paso en el proceso judicial será la audiencia de juzgamiento programada para el 29 de noviembre, donde se presentarán las pruebas y los argumentos tanto de la parte acusadora como de la defensa. A partir de esta audiencia, el juez decidirá si Celi es culpable de la contravención penal y si se le impondrá la pena solicitada.
