El pasado 30 de julio de 2025, decenas de colectivos sociales, gremios sindicales y artistas se congregaron en el parque Bicentenario de Guayaquil para protestar contra el Decreto Ejecutivo 60, que ordena la reducción de ministerios y el despido de 5.000 empleados públicos. La movilización avanzó por la avenida 9 de Octubre hasta la Corte Constitucional y concluyó frente a la Gobernación del Guayas.
Este reclamo público congregó a gremios como FUT, UNE, colectivos culturales de la Universidad de las Artes, organizaciones feministas y sindicatos del sector salud. La coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, Natalia Roca, denunció: “Nos están saqueando el país. No es solo la fusión de ministerios, es la condonación de deudas a millonarios, represión y recortes”.
Reclamos sectoriales
El sector cultural protestó de forma organizada frente al Ministerio de Cultura en Quito, rechazando especialmente su absorción por parte del Ministerio de Educación, junto con Deportes y Educación Superior. Artistas y gestores culturales alertaron que esta reestructuración deja a la cultura sin presupuesto ni institucionalidad, poniendo en riesgo la preservación de la memoria e identidad nacional.
Gremios interpelaron también la eliminación del Ministerio de la Mujer, argumentando que perder tu rectoría institucional traducirá en la invisibilización de políticas contra la violencia de género, lo cual afecta especialmente a poblaciones vulnerables.
Contexto y respuesta gubernamental
El presidente Daniel Noboa defendió públicamente las medidas durante una sesión solemne celebrada en Guayaquil, afirmando que los despidos eran exigidos por la ciudadanía. “Sacar a personas no comprometidas con el país era necesario”, aseguró en referencia a los 5.000 empleados desvinculados.
La reforma implica la reducción de 20 ministerios a 14, y de nueve secretarías a tres, rebajando significativamente el tamaño del Ejecutivo. Estas decisiones se justifican como parte de un proceso de «eficiencia administrativa» y se enmarcan en acuerdos de austeridad relacionados con compromisos económicos, aunque el Gobierno niega estar vinculado directamente al Fondo Monetario Internacional.
Reacción social e impacto
Organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya anunciaron nuevas movilizaciones, una de ellas prevista para el 7 de agosto, y adelantaron acciones legales mediante la Corte Constitucional, señalando aspectos de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública.
El jefe del FUT, Edwin Bedoya, enfatizó que la ley facilita despidos arbitrarios, incluso de personas con discapacidad o embarazadas. La UNE también expresó que defenderá legalmente a las personas desvinculadas.
Estas protestas reflejan una creciente desconfianza en el plan del Ejecutivo y la percepción de que las fusiones representan una amenaza para los derechos laborales, el acceso a la cultura, la igualdad de género y los servicios públicos fundamentales.
