El debate sobre la calidad del agua potable en Guayaquil continúa luego de que el Gobierno y el Municipio presentaran versiones contradictorias sobre el estado del recurso hídrico. Desde el inicio de la concesión a Interagua, en 2001, el Municipio mantiene monitoreos permanentes, asegurando que el agua distribuida cumple con los estándares correspondientes.
El cabildo informó que Emapag tiene contratadas dos empresas acreditadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) para realizar los llamados “contramuestreos” de calidad del agua. Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio, detalló que el laboratorio Protal de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) ejecuta aproximadamente 864 contramuestreos al año en la red de distribución de agua potable urbana y rural. Mientras tanto, el laboratorio Grupo Químico Marcos monitorea la calidad del agua en el río Daule, desde la planta La Toma hasta la planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas.
Por su parte, Interagua realiza alrededor de 95.000 ensayos anuales, verificando 59 parámetros contractuales, 15 de la norma INEN y 16 más establecidos por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). Según el cabildo, los resultados muestran pH dentro de los límites aceptables, baja conductividad eléctrica, oxígeno disuelto en rangos adecuados y turbiedad moderada, lo que refleja un control adecuado sobre contaminantes solubles y la calidad general del agua.
Sin embargo, el presidente Daniel Noboa alertó que estudios recientes detectaron sustancias nocivas en el agua de Guayaquil, incluyendo aluminio, plomo, cobre, nitritos y sulfuros, señalando que los niveles de aluminio superaban hasta 25 veces lo permitido. Esto generó la sugerencia de que una entidad externa, ajena al Gobierno y al Municipio, realice análisis independientes para garantizar transparencia en los resultados.
El Municipio sostiene que, de acuerdo con los datos técnicos disponibles, el sistema fluvial del río Daule se mantiene estable, y que las fluctuaciones en parámetros fisicoquímicos y biológicos se encuentran dentro de los rangos permitidos para la vida acuática y los usos cotidianos, como la agricultura, ganadería y potabilización. César Poveda, coordinador legal del Municipio, señaló que si existiera contaminación significativa, ya se habrían registrado brotes de diarrea u otras enfermedades vinculadas al consumo de agua, lo cual no ha ocurrido.
El conflicto entre las entidades se remonta a resoluciones sancionatorias previas. En enero de 2025, ARCA sancionó al Municipio e Interagua por descargas de aguas residuales con parámetros superiores a lo permitido. El cabildo pagó $4.700 como recurso anticipado que aún no ha sido reembolsado. Posteriormente, se actualizaron mesas técnicas y el Plan de Acción para la Gestión del Río Daule, con medidas de control, mitigación y mejoras en el tratamiento de aguas residuales mediante la Planta Los Merinos.
Poveda enfatizó que el sello de calidad otorgado por INEN respalda la seguridad del agua potable, y criticó la desinformación sobre supuesta contaminación, señalando que existe una contradicción directa entre instituciones adscritas al Ejecutivo. Mientras se desarrollan nuevas investigaciones y posibles procesos sancionatorios, el Municipio asegura que continuará defendiendo la calidad del agua y la transparencia en la información para los ciudadanos de Guayaquil.
