El Gobierno de Ecuador ha emitido un comunicado a través de la Secretaría General de Comunicación, en el que informa que varios participantes de las protestas del 21 de noviembre han sido identificados como exfuncionarios vinculados con el correísmo. La Secretaría detalló que, tras un exhaustivo proceso de investigación sobre las movilizaciones, han encontrado que estos individuos provienen de sectores políticos específicos.
De acuerdo con la información proporcionada, se mencionan a cuatro personas en particular, de las cuales tres tienen relación con la Revolución Ciudadana, movimiento político encabezado por el expresidente Rafael Correa. También se destaca a Pacha Terán, actual candidata a la vicepresidencia por el movimiento Unidad Popular, quien igualmente habría estado involucrada en las protestas.
El comunicado subraya que las investigaciones están orientadas a determinar si estas personas actuaron conforme a la ley o si, por el contrario, sus acciones estuvieron guiadas por objetivos ajenos a las manifestaciones legítimas. El Gobierno busca esclarecer si se utilizaron las movilizaciones para fines políticos o de otro tipo.
Las protestas del 21 de noviembre, convocadas por diversos movimientos sindicales, estudiantiles y docentes, fueron en contra de las políticas del gobierno actual frente a la crisis energética, económica y social. Entre los organizadores destacaron el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular. Los manifestantes se movilizaron principalmente en Quito, pero también hubo protestas en otras provincias del país.
El régimen de Daniel Noboa ha vinculado estas movilizaciones con el uso de fondos de origen dudoso, especialmente después de que se informara sobre la incautación de dinero ilegal, que presuntamente habría sido destinado a financiar las protestas. Además, las lluvias registradas en la capital ecuatoriana ese día atenuaron el impacto de las manifestaciones, aunque no impidieron que se expresara el descontento social.
El gobierno ha enfatizado la importancia de continuar con las investigaciones para determinar la legalidad de las acciones de los implicados, especialmente en un contexto donde las tensiones políticas en el país siguen siendo altas debido a la crisis económica y social.
