La Secretaría de Inversiones Público-Privadas (SIPP), creada en 2021 con el objetivo de atraer capital privado para proyectos estratégicos del Estado, sería eliminada tras apenas tres años de funcionamiento. La decisión se basa en lo dispuesto por la Ley de Integridad y Transparencia, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, que faculta al Presidente de la República a suprimirla mediante decreto.
Según el artículo correspondiente, esta entidad podrá ser disuelta «hasta una próxima necesidad», lo que implica que su funcionamiento no se considera indispensable en este momento, aunque no se descarta su reactivación futura si el contexto lo amerita.
Breve historia y desempeño
La SIPP fue impulsada como parte de una política estatal para canalizar inversiones privadas en obras públicas mediante alianzas estratégicas, sin embargo, nunca logró consolidarse como una estructura clave. A pesar de su potencial, su actividad fue limitada por factores como cambios políticos, escaso presupuesto y falta de autonomía operativa.
Durante sus tres años de existencia, la Secretaría no logró concretar proyectos emblemáticos de alto impacto ni atraer flujos significativos de inversión directa. Incluso fue objeto de críticas por duplicar funciones de otros organismos como el Ministerio de Producción y ProEcuador.
Lo que establece la Ley de Integridad
La Ley de Integridad busca reducir la burocracia innecesaria y mejorar la eficiencia estatal. En ese marco, se plantea la posibilidad de eliminar entidades u organismos cuya continuidad no esté justificada por resultados tangibles o funciones estratégicas. La eliminación de la SIPP entraría en vigor tras la publicación del decreto ejecutivo respectivo.
El Gobierno ha señalado que esta medida forma parte de una política de optimización institucional que prioriza la gestión de resultados y el ahorro en gasto público. De hecho, con la supresión de esta Secretaría, se liberarían recursos que podrían ser reasignados a sectores prioritarios como seguridad, salud o educación.
¿Qué implica esta decisión?
- No implica el fin de las alianzas público-privadas: El marco legal para realizar estos acuerdos sigue vigente.
- La función será absorbida por otras instituciones que ya gestionan inversiones y cooperación internacional.
- Se mantiene abierta la posibilidad de crear una nueva entidad o reactivar la actual, si las condiciones del país así lo requieren.
Expertos coinciden en que la medida responde más a una lógica de ordenamiento institucional que a un rechazo del modelo de inversión mixta. El reto, según analistas, será fortalecer la capacidad técnica de los organismos que asumirán esas funciones para que no se frene la atracción de inversión privada.
