La reciente aprobación en la Asamblea Nacional de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), como parte de la Ley de Integridad Pública, ha generado preocupación a nivel internacional. El martes pasado, cuando se ratificó esta normativa enviada por el régimen de Daniel Noboa, organismos como Unicef manifestaron que varias disposiciones contravienen los estándares internacionales de protección para adolescentes.
Un punto clave de la ley es la transferencia de menores infractores desde centros especializados hacia cárceles para adultos, una medida que expertos consideran peligrosa y regresiva. Según el penalista Julio César Cueva, esta política representa un serio retroceso en la justicia juvenil, poniendo en riesgo la rehabilitación y seguridad jurídica de los jóvenes.
“El traslado de adolescentes a prisiones para adultos los expone a un entorno criminal que puede agravar su situación en lugar de favorecer su reinserción social”, explicó Cueva. La preocupación radica en que los centros para adolescentes infractores ya presentan deficiencias en términos de rehabilitación, y el paso a cárceles comunes solo profundizará esta problemática.
Organizaciones sociales y especialistas coinciden en que la medida no garantiza los derechos de los menores ni responde a políticas efectivas de prevención. En cambio, podría facilitar la formación de jóvenes dentro del sistema penitenciario, pasando «de la escuela a la universidad del crimen», como advirtieron varios analistas.
El llamado es urgente: es imprescindible revisar la legislación para alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales, priorizando la protección integral y los procesos de rehabilitación adecuados para menores infractores.
