El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el 25 de abril de 2025 un veto total al proyecto de ley orgánica de participación de las rentas del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional. Esta normativa pretendía asignar recursos a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, provenientes de la industrialización del petróleo en sus territorios. Según el régimen, la implementación de esta ley afectaría en más de $46 millones al presupuesto estatal.
La iniciativa legislativa, aprobada por la Asamblea Nacional, buscaba que los gobiernos locales participaran de las rentas del Estado y de las empresas públicas generadas por la industrialización del petróleo en las provincias, cantones o parroquias rurales. Se aspiraba que cada provincia recibiera $1 por cada barril de petróleo que se industrialice en su territorio.
El veto presidencial fue suscrito desde la Ciudad del Vaticano, donde el mandatario se encontraba en una gira internacional. El Gobierno argumentó que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que podría ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado. Además, se señaló que la entrega de asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales, desde el Banco Central, podría perjudicar a otros sectores de gasto como seguridad, salud o educación, afectando la estabilidad económica del país.
Con el veto total, la Asamblea Nacional no podrá volver a tratar este proyecto en el lapso de un año. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.
Esta decisión ha generado reacciones en las provincias afectadas, que esperaban contar con estos recursos para financiar proyectos de desarrollo e infraestructura. Los gobiernos locales han expresado su preocupación por la falta de recursos para atender las necesidades de sus comunidades, especialmente en áreas como salud, educación y seguridad.
Por otro lado, sectores de la oposición han respaldado el veto presidencial, argumentando que la asignación de recursos debe basarse en criterios técnicos y no en demandas políticas. Se ha señalado que la implementación de la ley podría haber generado desequilibrios en la distribución de recursos y afectado la eficiencia del gasto público.
En este contexto, se espera que el Gobierno y la Asamblea Nacional retomen el diálogo para encontrar soluciones que permitan una distribución equitativa y eficiente de los recursos, que beneficie a todas las provincias del país y contribuya al desarrollo sostenible de Ecuador.
