Constitucionalistas cuestionan veto parcial del ejecutivo al proyecto sobre aborto por violación
El pasado 19 de marzo, La Comisión de Justicia inició el trámite del veto parcial al proyecto de ley que garantiza el Aborto para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, donde los invitados cuestionaron considerarlo como una excepción y no un derecho.
El constitucionalista Stalin Raza afirmó que «el veto parcial del Ejecutivo transgrede a la Constitución y vulnera lo que estableció la sentencia de la Corte Constitucional«, y recomendó a la mesa que presente un informe al pleno sugiriendo su insistencia.
En torno a la confrontación semántica y conceptual que existe en el veto respecto a si al Aborto por violación corresponde a un derecho o una excepción punitiva, dijo «que no se trata de una excepción a la punibilidad, pues el acto de provocar un aborto consentido es un acto típico, no antijurídico».
Respecto a los plazos, el constitucionalista manifestó que el establecimiento de un plazo no considera la amplia diversidad sociocultural, económica y geográfica en el Ecuador, pues no es lo mismo una persona gestante de ciudad y Clase Media, que una mujer gestante en la Amazonia, sin acceso a servicios y un nivel sociocultural diferente.
En torno a la limitación de objeción de consciencia colectiva e Institucional; en el veto presidencial, se establece que las instituciones privadas que ofrecen servicios de salud pueden objetar razones de consciencia, cuando hay países donde esto no cabe para instituciones.
Pero recalcó que en la Constitución ecuatoriana en el artículo 10, donde se determina que todas las personas naturales y jurídicas son titulares de derechos, podría abarcar esta posibilidad de la objeción de consciencia institucional.
Sin embargo, sería revelador que la Corte Constitucional realice un pronunciamiento al respecto.
Por su parte; El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, insistió en que el veto del Ejecutivo recoge el criterio personal del presidente de la República, pero que como asambleístas legislarán para todos los ecuatorianos, donde no se pueden anteponer criterios individuales.
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