La fiscal general, Diana Salazar, compareció este 23 de septiembre de 2024, en la audiencia preparatoria del juicio del caso Metástasis, donde se investiga una supuesta organización criminal que habría infiltrado la justicia ecuatoriana. Durante su intervención, Salazar objetó varias pruebas propuestas por la defensa de los 37 procesados.
Objeciones de la Fiscalía
Salazar dedicó más de 30 minutos a señalar las pruebas que no deberían ser aceptadas en el juicio. Una de las principales objeciones fue hacia las pericias realizadas en el extranjero. La fiscal argumentó que estas pruebas no han sido legalizadas por entidades consulares y, por lo tanto, no pueden ser consideradas válidas en el proceso judicial.
Por ejemplo, se solicitó al juez Manuel Cabrera que desestimara un examen de polígrafo presentado por la defensa de Xavier J. Según Salazar, esta prueba no se ajusta a la normativa ecuatoriana y carece de la debida legalización. Asimismo, la fiscal se opuso al testimonio de uno de los abogados de Xavier J., calificándolo como irrelevante y parte de una estrategia de defensa internacional.
Salazar también rechazó una denuncia presentada por Xavier J. en Estados Unidos, calificándola de intento de persecución e intimidación.
Pruebas de la defensa de Rony Aleaga
En cuanto a las pruebas presentadas por la defensa del exlegislador Rony Aleaga, la fiscal general criticó una pericia hecha a un pendrive, indicando que no contaba con una legalización adecuada y que fue realizada en el extranjero. «No tiene traducción y no ha sido validada por ninguna autoridad consular», subrayó Salazar. Aleaga también intentó incluir el examen de polígrafo de Xavier J. como prueba, pero la Fiscalía se opuso nuevamente.
Respecto al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, la Fiscalía solicitó el rechazo de pruebas debido a que consisten en copias simples de documentos. En el caso de Ronal Guerrero, ex presidente de la Corte de Manabí, se argumentó que los testimonios de exautoridades judiciales no deberían ser considerados porque no forman parte del proceso.
Intervención de la Procuraduría
Después de la intervención de Salazar, funcionarios de la Procuraduría del Estado también se manifestaron en la audiencia. Coincidieron en que las pruebas que no cumplen con los requisitos del orden jurídico ecuatoriano no deberían ser tomadas en cuenta.
La Fiscalía investiga en este caso una «organización criminal» que, presuntamente, ha cooptado a ciertos funcionarios judiciales en varias provincias para manipular fallos a favor de Leandro Norero, un conocido narcotraficante. Este escándalo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial ecuatoriano ante la corrupción y el narcotráfico.
