En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Pantalla, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ratificó este martes 29 de abril que no existen vulneraciones de derechos ni irregularidades procesales que puedan invalidar el proceso penal en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y de la exjueza Anabell de Jesús T. C., acusados del delito de asociación ilícita.
Durante la reinstalación de la audiencia ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Salazar solicitó al conjuez Edison Cantos que se declare la validez procesal del caso, señalando que los argumentos de la defensa no tienen sustento jurídico. “No hay vicios que justifiquen una nulidad procesal. Se ha garantizado el debido proceso en todas las etapas”, subrayó la titular del Ministerio Público.
Esta petición también fue respaldada por representantes de la Procuraduría General del Estado y del Consejo de la Judicatura, quienes coincidieron en que deben rechazarse los supuestos errores señalados por la defensa, por no constituir violaciones sustanciales del procedimiento.
La intervención de Salazar se dio después de que Wilman Terán se defendiera personalmente el día anterior, interviniendo por casi cinco horas. Durante su extensa exposición, el exfuncionario alegó más de veinte supuestos vicios relacionados con competencia, cadena de custodia y presunto abuso de la prisión preventiva. Según Terán, el proceso presenta “profundas falencias legales” que deberían llevar a su anulación.
Por su parte, la defensa de Anabell de Jesús T. C., quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia, intervino brevemente la mañana del 29 de abril, reiterando algunos de los cuestionamientos expuestos por Terán y solicitando que se declare la nulidad del proceso por supuesta indefensión.
El caso Pantalla se refiere a una presunta red de tráfico de influencias y manipulación de decisiones judiciales al interior del sistema de justicia, lo que ha generado una fuerte repercusión política y mediática desde su apertura. La Fiscalía sostiene que existen elementos contundentes que sustentan la acusación de asociación ilícita, con pruebas documentales y testimoniales que implican directamente a los procesados.
La audiencia continuará en los próximos días con la resolución del conjuez Edison Cantos, quien deberá decidir si acepta los pedidos de nulidad presentados o da paso a la fase de juicio. Mientras tanto, el caso se mantiene como uno de los procesos judiciales más relevantes en la lucha contra la corrupción en el país.
