La Fiscalía General de Ecuador ha solicitado la revocación de cinco sobreseimientos en el caso Independencia Judicial, un importante proceso legal en curso. Este pedido se realizó durante una audiencia de apelación celebrada el 16 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidida por el conjuez Julio Inga. La apelación busca incluir a cinco exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) en la lista de acusados por obstrucción de la justicia.
El caso, que originalmente comenzó con la investigación de los exvocales del CJ Wilman Terán y Maribel Barreno, ahora se expande para abarcar a otros exfuncionarios que recibieron sobreseimientos el 29 de julio pasado. Entre estos exfuncionarios están Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del CJ; Jéssica Ch. y Olga V., exasesoras de Barreno; Liberton Santiago C. J., subdirector nacional de Control Disciplinario del CJ subrogante; y Milton H. M., exasesor de Terán.
El 29 de julio, el conjuez Inga decidió llamar a juicio a Terán y Barreno por su presunta participación directa en el delito de obstrucción de la justicia. Los exfuncionarios y colaboradores como Milton A., Carlos Alberto G. N., Santiago C. C., y Andrés Paúl J. B. también fueron mencionados, aunque su rol se consideró como colaboradores. Sin embargo, el conjuez emitió sobreseimientos para los cinco exfuncionarios mencionados, argumentando que no había suficiente evidencia para demostrar su participación en el delito.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, junto con la Procuraduría General del Estado y el exjuez de la Corte Nacional, Walter Macías, quien actúa como víctima indirecta, ha solicitado que estos sobreseimientos sean revertidos. Según Toainga, existen pruebas suficientes para considerar a estos exfuncionarios como cómplices en el caso de obstrucción de la justicia.
Toainga detalló que la investigación penal surgió a raíz de la convocatoria a audiencia en el caso 17721-2022-0039-G, conocido como el caso Vocales. En este proceso estaban involucrados Maribel Barreno, Juan José Morillo, y el juez Vladimir Jhayya. Se alegó que existieron actos ilegales para interferir en la labor del juez Macías, lo que llevó a la Fiscalía a argumentar que los exfuncionarios sobreseídos jugaron un papel en estos actos de obstrucción.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó argumentos para demostrar que las acciones ilegales, como las recusaciones y suspensiones de Macías, fueron llevadas a cabo para evitar que el juez continuara con el proceso. Estos actos fueron considerados ilegítimos y diseñados para beneficiar a los acusados en el caso.
Las defensas de los cinco exfuncionarios sobreseídos argumentaron que estos individuos simplemente cumplían con disposiciones superiores y no tenían la influencia necesaria para cometer obstrucción a la justicia. Además, afirmaron que los cargos presentados en su contra no estaban fundamentados adecuadamente.
La jueza Marcy Alvarado, quien preside la audiencia en lugar del juez Felipe Córdova, suspendió la diligencia para permitir al Tribunal deliberar sobre los argumentos presentados. La resolución final será anunciada el 23 de septiembre a las 08:00.
