El 15 de marzo, durante la audiencia de formulación de cargos contra los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos, y la actual consejera Nicole Bonifaz, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó nuevos elementos de convicción señalando a estos cuatro funcionarios como presuntos autores directos de asociación ilícita, según lo establecido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.
El fiscal Toainga, quien presentó las pruebas en la Corte Nacional de Justicia, detalló que las acusaciones se refieren a actividades ilícitas que habrían sido cometidas entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Durante su intervención, Toainga afirmó que el CPCCS, presidido en su momento por estos consejeros, se convirtió en un centro de operaciones para un partido político, con el objetivo de tomar control de diversas instituciones clave en el país.
Entre las acusaciones más graves, el fiscal indicó que estos exfuncionarios trabajaron en conjunto para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura, un proceso clave para la designación de jueces en el país. El objetivo, según Toainga, era que dicho concurso se demorara lo suficiente para que, en caso de que Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, ganara las elecciones de 2025, fuera ella quien pudiera enviar la terna de candidatos a la Corte Nacional de Justicia.
La estrategia habría consistido en dilatar procesos importantes dentro del sector económico y judicial, al mismo tiempo que se establecían nexos con el movimiento político de la Revolución Ciudadana, para asegurarse de que, con la victoria de González, se pudieran configurar los espacios de poder necesarios para los intereses políticos de este grupo.
El fiscal Toainga también destacó que este tipo de maniobras no solo alteraron el normal funcionamiento de los procesos judiciales y políticos en el país, sino que también atentaron contra la autonomía del sistema judicial ecuatoriano. Según la acusación, las actividades de los imputados habrían tenido un claro sesgo político y una intención de manipular los resultados de procesos clave, lo cual ha sido criticado por varios sectores de la sociedad ecuatoriana.
Con este nuevo avance en la investigación, Toainga espera que se tomen medidas cautelares contra los implicados en el caso, quienes siguen enfrentando cargos por corrupción y manipulación de procesos en el ámbito público. Este caso continúa siendo uno de los más sonados en Ecuador, dada la implicación de figuras del CPCCS en actividades políticas de alto nivel.
