Este sábado 15 de marzo, a las 15:00, se dio inicio a la audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga y Yadira Saltos, junto con la actual consejera Nicole Bonifaz, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de asociación ilícita, un delito estipulado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia se realizó a través de una plataforma virtual, donde los acusados y sus abogados se conectaron para escuchar los cargos que el fiscal subrogante, Wilson Toainga, presentó en su contra. Franco Loor participó desde una casa de salud en Guayaquil debido a problemas de salud, mientras que Verduga, Saltos y Bonifaz se unieron de manera remota.
El fiscal Toainga fundamentó los cargos al señalar que los cuatro implicados serían los presuntos autores directos de una asociación ilícita cuyo objetivo fue realizar actos ilegales, de acuerdo con las disposiciones del COIP. Según el artículo 370 de este código, «cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años».
La acusación se centra en los presuntos vínculos ilícitos que habrían formado estos exconsejeros del CPCCS con el fin de ejecutar actividades criminales dentro del ámbito público. De acuerdo con la Fiscalía, la asociación ilícita estaría relacionada con el control de recursos y la toma de decisiones clave dentro de diversas instituciones del país. Estos cargos agravan la situación legal de los involucrados, quienes enfrentarán un proceso judicial que podría derivar en penas significativas.
El fiscal Toainga también destacó que la investigación en curso busca esclarecer en qué medida estos individuos abusaron de sus posiciones dentro del CPCCS para beneficiar sus propios intereses o los de otras entidades fuera del marco legal.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que continúan sacudiendo al país, ya que involucra a figuras clave de un órgano encargado de velar por el control social y la transparencia. La Fiscalía se encuentra en una fase crucial para determinar las consecuencias de estos actos, que incluyen posibles penas de prisión y sanciones adicionales para los acusados.
En este contexto, el caso ha cobrado relevancia en la opinión pública, especialmente por la implicación de figuras del CPCCS en lo que se considera un intento de manipulación política y administrativa dentro de las instituciones del Estado.
