La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) ha presentado un segundo pedido de juicio político contra Sebastián Corral Bustamante, exsecretario de la Administración Pública y del Gabinete de la Presidencia. Esta nueva solicitud, impulsada por el asambleísta José Vallejo Ayala, se basa en acusaciones de incumplimiento de funciones, y retoma las mismas causas que llevaron a la primera solicitud presentada por Patricia Núñez el 14 de marzo de 2024, la cual fue retirada seis meses después como parte de una estrategia de oposición al gobierno de Daniel Noboa.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha recibido esta solicitud y ha solicitado un informe técnico-jurídico a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que se espera para el lunes 28 de octubre. Vallejo presentó formalmente el pedido el 15 de octubre, destacando que Corral incumplió funciones al aceptar su cargo mientras mantenía contratos con el Estado. El expediente señala que, en su declaración patrimonial como secretario, Corral había informado tener participaciones en las empresas Cratel C. A. y Teleamazonas.
Vallejo argumenta que esta situación viola tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Al haber declarado ser accionista de empresas que tienen vínculos comerciales con el Estado, Corral habría infringido la prohibición establecida en el artículo 24 de la LOSEP, incurriendo en incompatibilidad para ejercer su cargo. Este conflicto de intereses se agrava al haber asumido el cargo de secretario de Estado mientras ya era parte de empresas de comunicación con contratos vigentes con diversas instituciones públicas.
El asambleísta subraya que la designación de Corral no solo era incompatible, sino que también permitía un aprovechamiento indebido de su posición para influir en las contrataciones del Estado, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de su gestión. Además, se le acusa de violar el artículo 1 de la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular de 2017, ya que en su declaración patrimonial menciona un crédito de $240,000 en el Banco Pichincha de Panamá.
En la primera solicitud de juicio político, Patricia Núñez argumentó que Corral había incumplido sistemáticamente sus funciones como secretario de la Administración Pública durante el gobierno de Guillermo Lasso. Aunque la solicitud fue inicialmente respaldada, terminó siendo archivada tras el retiro de firmas por parte de algunos asambleístas.
Este proceso se archivó dos veces, primero el 1 de julio, cuando 26 firmas de apoyo fueron retiradas, lo que llevó a una acción de protección que restableció la solicitud. Sin embargo, el 13 de septiembre se archivó nuevamente debido a que Núñez retiró la solicitud de interpelación.
Con el nuevo pedido en marcha, la atención se centrará en cómo se desarrollará este juicio político en medio de un ambiente político tenso, especialmente con la próxima definición sobre la censura de la ministra del Interior, Mónica Palencia.
