En la mañana del 2 de septiembre, una operación de la Policía en Monte Sinaí llevó a la destrucción de una casa de caña donde se mantenían secuestradas y torturadas a tres personas, incluyendo a una mujer de 69 años y una adolescente. La acción, realizada mediante una explosión controlada, resultó en un incendio que se propagó a una vivienda vecina, causando daños significativos.
La detonación se llevó a cabo poco después de un exitoso rescate realizado por la Policía, que localizó a las víctimas gracias a un rastreo del vehículo involucrado, el cual fue captado por las cámaras de seguridad. El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) coordinó la operación para demoler la casa donde se llevaba a cabo la tortura.
Sin embargo, la explosión generó llamas que alcanzaron una casa de madera situada a pocos metros del lugar. Rosa, una viuda de 54 años que vivía con sus tres hijos y un nieto en la vivienda afectada, expresó su furia ante la Policía, alegando que la detonación se realizó sin la presencia de bomberos, quienes llegaron siete minutos después de recibir la alerta. Rosa y su familia lograron evacuar a su perro encadenado en el patio, pero la casa quedó severamente dañada.
Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, informó que la casa de caña había sido utilizada como lugar de secuestro y tortura durante varios días. Las víctimas, según el jefe policial, fueron sometidas a graves abusos, incluyendo extracción de uñas, cortes en los dedos y quemaduras en las plantas de los pies, mientras se enviaban videos a los familiares para exigir rescate.
A pesar de la gravedad de la situación, se acusó a Rosa y sus hijas de no haber reportado los abusos a la Policía. Los vecinos explicaron que temen informar a las autoridades debido al riesgo de represalias por parte de las bandas criminales locales, que podrían tomar represalias violentas contra quienes se atrevan a denunciar.
La comunidad de Monte Sinaí y las autoridades se encuentran en una discusión sobre la adecuación de la operación y la responsabilidad de los daños colaterales causados por la explosión, subrayando la necesidad de un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos afectados.
