El 9 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país para Rafael Correa Delgado y Jorge Glas Espinel, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, respectivamente. Esta medida se basa en sus implicaciones en actos significativos de corrupción ocurridos durante su tiempo en el cargo.
La decisión también se extiende a los familiares de ambos exfuncionarios, quienes no podrán ingresar a EE. UU. debido a las acusaciones en su contra. Según las autoridades estadounidenses, Correa y Glas abusaron de sus posiciones al aceptar sobornos y contribuciones políticas a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables.
Esta acción no es un caso aislado. La aplicación de la sección 7031(c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado se ha utilizado anteriormente; en 2022, se anunció una medida similar contra el expresidente Abdalá Jaime Bucaram Ortiz y sus familiares, sustentada en evidencia creíble de corrupción.
La sección 7031(c) permite al secretario de Estado identificar a funcionarios de gobiernos extranjeros y a sus familias inmediatas si hay información creíble relacionada con actos de corrupción. Esto incluye situaciones que involucren la extracción de recursos naturales y violaciones graves de derechos humanos.
De acuerdo con la ley, los funcionarios y sus familias que estén involucrados en corrupción significativa quedarán excluidos del derecho a ingresar a Estados Unidos. Esta decisión subraya el compromiso de EE. UU. de actuar contra la corrupción a nivel internacional, especialmente cuando afecta a la gobernanza y al bienestar de los ciudadanos.
