El Gobierno de Daniel Noboa ha emitido un nuevo decreto que declara un estado de excepción en seis provincias de Ecuador y establece un toque de queda en 20 localidades, en respuesta a una alarmante escalada de violencia que ha generado preocupación en la población. Este anuncio, realizado el 3 de octubre, se basa en informes que destacan un aumento significativo en actos delictivos y una creciente participación de menores en estas actividades.
Los informes institucionales que respaldan este decreto señalan varios incidentes preocupantes, incluyendo el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, así como hallazgos de cuerpos mutilados y ataques violentos en lugares concurridos, como supermercados. Según un informe de la Policía Nacional, desde enero hasta mediados de septiembre de 2024, se han registrado numerosas detenciones de jóvenes de entre 12 y 17 años, reflejando su involucramiento creciente en delitos graves.
De las detenciones, un alarmante 63% se concentra en las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Manabí, áreas clave para las operaciones de grupos delictivos. «Estos grupos criminales están utilizando a jóvenes para realizar diversas actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, la tenencia ilegal de armas y robos», se indica en el informe. En total, 281 menores han sido detenidos por tráfico de drogas, 233 por posesión de armas y 230 por robo.
La situación de homicidios también es motivo de preocupación. Desde enero de 2024, se han documentado 500 homicidios intencionales, con un número creciente de casos que involucran múltiples víctimas: 363 dobles asesinatos, 96 triples, y algunos incidentes con hasta diez víctimas en un solo ataque. «Esto no solo muestra la brutalidad de los actos, sino también una estrategia diseñada para impactar psicológicamente a la sociedad y a las fuerzas del orden», señala el decreto.
Además, se han registrado 109 víctimas colaterales durante el mismo periodo, evidenciando el alcance del problema. Un informe de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia destaca que medios internacionales han reportado ampliamente sobre la violencia en el país, lo que indica que la situación ha alcanzado notoriedad global.
El decreto también menciona que los grupos armados organizados han incrementado la intensidad de su violencia, afectando gravemente el orden público y el desarrollo de las actividades sociales y económicas. «Esto impacta directamente en los derechos constitucionales de los ciudadanos», añade el Gobierno. Aunque se reconoce que las operaciones militares han contenido ciertos aspectos del conflicto, la violencia y criminalidad siguen siendo altas. Los grupos delictivos han formado nuevas alianzas y su capacidad operativa representa una amenaza constante.
Este contexto de creciente violencia en Ecuador ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas, reflejando la urgencia de enfrentar una crisis de seguridad que afecta a toda la población. A medida que se implementan estas nuevas restricciones, la pregunta sobre la efectividad de tales medidas en la reducción de la violencia persiste, dejando a los ciudadanos en un estado de incertidumbre y preocupación.
