El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el pasado sábado 17 de mayo a la nueva Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, cuyo objetivo es enfrentar las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado en el contexto del conflicto armado interno declarado en Ecuador. Aunque la iniciativa ha sido reconocida por su intención de frenar la violencia, varios juristas y analistas han expresado preocupaciones respecto a su estructura legal y constitucional.
Hasta el momento, el proyecto no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo que su debate aún no inicia en el pleno del Legislativo. Sin embargo, ya ha generado una ola de comentarios entre expertos del derecho penal, constitucionalistas y analistas económicos, quienes coinciden en que la propuesta presenta vacíos normativos que podrían afectar su aplicación efectiva.
Incentivos tributarios y reformas penales
El proyecto contiene dos pilares fundamentales. El primero propone un paquete de incentivos fiscales que incluye la deducción del impuesto a la renta para empresas o ciudadanos que realicen donaciones directas a la Fuerza Pública, en apoyo a las tareas contra el crimen organizado.
El segundo componente consiste en reformas penales que buscan consolidar el concepto de «conflicto armado interno», figura jurídica con la que el Gobierno ha justificado la intervención militar y policial en territorios con presencia de grupos criminales considerados como organizaciones terroristas.
Estos cambios permitirían, según el Ejecutivo, fortalecer el accionar del denominado Bloque de Seguridad y endurecer el tratamiento legal de delitos como el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y la extorsión.
Opiniones divididas entre juristas y analistas
Aunque el proyecto ha sido catalogado como oportuno dadas las condiciones de violencia e inseguridad que enfrenta el país, varios especialistas alertan sobre riesgos jurídicos y financieros. El abogado constitucionalista Ramiro Ávila, por ejemplo, advierte que “una ley debe definir con precisión los límites de las donaciones y el uso de los fondos públicos y privados. De lo contrario, puede convertirse en una puerta abierta a la discrecionalidad”.
Desde el ámbito económico, también surgen críticas. El analista Jaime Carrera considera que “la deducción del impuesto a la renta por donaciones podría reducir la recaudación fiscal sin garantizar un impacto directo en la reducción del crimen organizado”.
Además, aún no se ha detallado cuánto dinero mueve la economía criminal en el país ni en qué sectores se infiltra. Este vacío informativo complica la medición del efecto real que podría tener la normativa propuesta.
¿Qué sigue?
Al tratarse de un proyecto urgente en materia económica, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para discutirlo y aprobarlo. Si no lo hace en ese periodo, la propuesta entrará en vigencia por el ministerio de la ley.
La presión sobre los legisladores será alta, dado que el país atraviesa una etapa crítica en términos de seguridad. Sin embargo, voces expertas insisten en que el combate a la criminalidad debe ir acompañado de normas claras, aplicables y constitucionalmente viables.
