En el marco del caso Ligados, la justicia ecuatoriana impuso medidas cautelares a Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, tras una audiencia que se prolongó por casi ocho horas. El conjuez nacional Marco Aguirre Torre acogió parcialmente el pedido del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y dispuso la prohibición de salida del país, así como la presentación quincenal ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.
Los involucrados, entre ellos tres exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), enfrentan cargos por presunta asociación ilícita, delito tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además de las restricciones de movilidad, se ordenó la retención de cuentas bancarias por un monto de $5.640, correspondiente a la sanción económica prevista para este tipo de delito.
El fiscal Toainga había solicitado arresto domiciliario para Eduardo Franco Loor, argumentando que este había intentado salir del país recientemente y que, debido a su avanzada edad y problemas de salud, debía permanecer bajo detención en su domicilio. Sin embargo, el juez rechazó la petición, determinando que las medidas dictadas eran suficientes para garantizar su comparecencia ante la justicia.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Fiscalía General del Estado confirmó la resolución judicial y ratificó su compromiso con el proceso investigativo.
