La exvicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad Rojas, continúa enfrentando un proceso judicial que podría determinar la vulneración de sus derechos tras el término de su gestión el 24 de mayo de 2025. A pesar de que dejó el cargo luego de un año y medio de transición marcada por tensiones con el presidente Daniel Noboa, su reclamo legal sigue en curso en la Corte Constitucional.
La disputa entre Abad y Noboa fue una constante durante su mandato, afectando la operatividad de la Vicepresidencia. Tras la posesión de María José Pinto como nueva vicepresidenta, la institución retomó funciones luego de un prolongado período de inactividad de aproximadamente 17 meses, tiempo en el que los desacuerdos internos paralizaron la gestión.
Verónica Abad había interpuesto dos acciones de protección ante la justicia ordinaria para defender su derecho a ejercer plenamente sus funciones como vicepresidenta. En una resolución reciente, la jueza Nubia Vera revocó un fallo inicial que favorecía a Noboa, y un tribunal reconoció que los derechos de Abad fueron vulnerados durante el proceso de transición.
Este reconocimiento judicial representa un hito en el caso, pues valida las denuncias de Abad sobre las trabas administrativas y políticas que enfrentó, las cuales, según sus abogados, limitaron su capacidad para cumplir con las responsabilidades de su cargo.
El proceso sigue abierto en la Corte Constitucional, donde se espera que en las próximas semanas se emita un dictamen definitivo sobre la presunta vulneración de derechos. Expertos legales señalan que este caso podría sentar un precedente importante para futuros procesos relacionados con la protección de derechos políticos en el país.
En el contexto político ecuatoriano, esta situación pone en evidencia las complejidades y los conflictos que pueden surgir durante periodos de transición entre gobiernos, especialmente en cargos de alta relevancia como la Vicepresidencia de la República.
