Las investigaciones judiciales contra Los Choneros, una de las bandas delictivas más peligrosas del país, se han extendido más allá de sus líderes, alcanzando a su círculo más íntimo. Parejas, hijos, suegros y otros allegados de los principales cabecillas han sido vinculados a procesos penales por presuntos delitos relacionados con lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Esta ofensiva legal se enmarca en el conflicto interno armado declarado en Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 111, que reconoció a las bandas criminales como grupos terroristas.
Red de vínculos familiares en el crimen organizado
Las autoridades han puesto la lupa sobre los entornos familiares de figuras clave del grupo delictivo, como José Luis Zambrano, alias “Rasquiña”; Júnior Roldán, alias “JR”; y José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Todos ellos han sido señalados por liderar operaciones de narcotráfico, sicariato, extorsión y otros delitos de alto impacto.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los familiares de estos líderes habrían actuado como operadores financieros, testaferros y facilitadores logísticos, moviendo grandes sumas de dinero dentro del sistema económico formal para ocultar su origen ilícito.
Procesos judiciales en marcha y detenciones recientes
Varios procesos judiciales se encuentran en curso y han resultado en detenciones en provincias como Guayas, Manabí y Pichincha. Las investigaciones revelan que muchas de estas personas habrían adquirido bienes inmuebles, vehículos de alta gama y otros activos mediante mecanismos financieros fraudulentos.
“El objetivo es desmontar las estructuras financieras que sustentan a estas bandas. Golpear su poder económico es fundamental para desarticular su operación”, afirmó un vocero del Ministerio del Interior.
Los Choneros y su clasificación como grupo terrorista
Desde enero de 2024, Los Choneros son considerados una organización terrorista conforme al Decreto Ejecutivo 111, que marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Esto ha permitido a las fuerzas del orden y al sistema judicial aplicar mecanismos más estrictos para investigar y procesar a sus integrantes y colaboradores.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha jugado un papel clave en la detección de operaciones inusuales dentro del sistema financiero, muchas de ellas relacionadas con familiares de los cabecillas.
Impacto en la estrategia de seguridad nacional
El Gobierno ecuatoriano ha intensificado sus esfuerzos para desarticular no solo a las estructuras criminales armadas, sino también a las redes financieras y logísticas que les dan soporte. Esta estrategia integral busca debilitar a los grupos desde todos los frentes: operativo, económico y social.
