Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha oficializado que Daniel Noboa se impuso en la segunda vuelta presidencial con un 55,83 % de los votos válidos, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, obtuvo la mayoría en cinco de las 24 provincias del país. A pesar de estos resultados parciales, la aspirante correísta no ha reconocido la derrota y anunció que solicitará una revisión del proceso electoral, incluyendo la apertura de urnas.
Con el 93,14 % de actas válidas procesadas, el margen entre ambos candidatos supera los once puntos porcentuales, consolidando la victoria de Noboa como clara y contundente. Sin embargo, desde el movimiento RC se ha cuestionado la transparencia del proceso, y sus dirigentes exigen un recuento detallado ante supuestas inconsistencias.
Las provincias donde Luisa González logró imponerse son:
Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Cañar, zonas históricamente afines al correísmo, donde el movimiento político mantiene una base de votantes consolidada. Estos territorios representaron el núcleo duro del apoyo a González, aunque no fueron suficientes para revertir la tendencia nacional favorable a su rival.
En su pronunciamiento público tras conocerse los resultados preliminares, González reiteró que “los datos del CNE no reflejan la voluntad popular” y que su organización política exigirá el acceso a las actas y al sistema de conteo. Añadió que lucharán “hasta la última instancia legal” para defender lo que consideran un derecho legítimo de los ciudadanos.
Por su parte, Daniel Noboa —quien ganó en 19 provincias y también en una circunscripción del exterior— ha mantenido una postura prudente ante las declaraciones de su contrincante. Su equipo ha resaltado la legitimidad del proceso electoral y la validación de observadores internacionales.
El escenario poselectoral muestra una nueva configuración territorial del voto: mientras Noboa consolidó su fuerza en la Costa, Amazonía y el exterior, González retuvo bastiones clave en la Sierra centro-norte. Esta división refleja la persistente polarización del electorado ecuatoriano y plantea desafíos de gobernabilidad para el nuevo mandato presidencial.
El CNE ha reiterado que los resultados preliminares fueron obtenidos de manera transparente y bajo la observación de misiones nacionales e internacionales, que avalaron el desarrollo del proceso sin irregularidades de fondo.
