El diálogo intercultural: puente entre la justicia ordinaria y la justicia indígena
En Ecuador, el concepto de diálogo intercultural se ha convertido en un eje central de las audiencias judiciales donde participan integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas procesados por delitos relacionados con las protestas nacionales convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Tras los 31 días de paralización, se registraron 78 personas procesadas por cargos como terrorismo, ataque o resistencia, lesiones y paralización de servicios públicos.
Uno de los casos más emblemáticos se desarrolla en Otavalo, provincia de Imbabura, donde trece personas —doce de ellas de origen kichwa— enfrentan una investigación por presunto terrorismo. Según la Fiscalía, habrían participado en el ataque al Comando Policial de Otavalo el 22 de septiembre de 2025, durante el primer día del paro nacional. Los procesados fueron detenidos en los alrededores del cuartel, acusado de lanzar piedras, palos y bombas molotov, junto a un grupo de unas 300 personas.
Procesos judiciales y reclamo de derechos culturales
En la audiencia de flagrancia, se ordenó prisión preventiva para doce de los implicados, mientras que Gina Betel C. T. obtuvo medidas sustitutivas de presentación periódica. Las defensas de los once procesados indígenas presentaron certificados de autodeterminación emitidos por el pueblo kichwa Otavalo, alegando que la justicia ordinaria debía aplicar el diálogo intercultural, una figura jurídica que permite comprender el contexto sociocultural en el que se produjeron los hechos.
Los abogados sostienen que se vulneraron los derechos de los acusados al no proporcionarles intérpretes en su lengua originaria y al trasladarlos a cárceles de la Costa, lejos de su entorno comunitario. Por ello, pidieron que la audiencia de apelación se realizara con la participación de sus autoridades ancestrales y bajo un enfoque intercultural.
El marco legal del diálogo intercultural en Ecuador
El Tribunal Anticorrupción de Pichincha, conformado por los jueces Lauro Sánchez, Esteban Coronel y Pilar Tapia, acogió la solicitud y ordenó que la audiencia se desarrollara respetando las tradiciones y cosmovisión del pueblo kichwa Otavalo. La decisión se fundamentó en el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial y en la Resolución 053-2023 del Consejo de la Judicatura, que aprueba el Protocolo para la Aplicación del Diálogo Intercultural en la Función Judicial.
El abogado Aquiles Hervas, facilitador del diálogo en este proceso, destacó que el objetivo es encontrar alternativas que “enfríen el conflicto” y garanticen los derechos humanos de los acusados. Según explicó, el diálogo buscaba revisar la medida de prisión preventiva y proponer opciones más progresivas, que aseguren la comparecencia de los imputados sin necesidad de encarcelarlos.
Desde 2023, Ecuador cuenta con este protocolo y una guía de coordinación entre autoridades indígenas y justicia ordinaria, elaborados tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2021. Dichos instrumentos establecen que los operadores judiciales deben promover la interpretación intercultural y el respeto a los derechos colectivos.
Aplicación y resultados del nuevo enfoque judicial
El jurista Carlos Poveda Moreno, especialista en interculturalidad, explicó que el diálogo intercultural no es una concesión, sino una obligación legal derivada de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este establece que, cuando un miembro de un pueblo indígena enfrenta un proceso penal, las autoridades deben considerar sus costumbres y evitar la prisión preventiva.
Poveda añadió que la implementación de esta normativa ha permitido resolver casos en provincias como Cotopaxi y Loja, donde los jueces, fiscales y líderes comunitarios acordaron medidas alternativas, como la presentación periódica de los acusados ante sus comunidades en lugar de la cárcel.
Durante la audiencia de apelación en Otavalo, las autoridades comunitarias propusieron que los detenidos quedaran bajo custodia de sus pueblos o que se embargaran bienes como garantía de comparecencia. “Si deben presentarse cada semana, nosotros podemos garantizarlo”, aseguró uno de los dirigentes.
Finalmente, el Tribunal de Apelación escuchó las posturas de la Fiscalía, los defensores y los líderes indígenas, y se retiró a deliberar. La resolución final aún está pendiente, pero el proceso ya marca un precedente sobre cómo la justicia ecuatoriana puede dialogar con la justicia indígena para construir soluciones más justas y culturalmente respetuosas.
