En 2025, Ecuador vivirá un cierre significativo en el proceso de renovación de autoridades que fueron elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) durante su periodo transitorio. Este periodo de renovación tiene que llevarse a cabo entre enero y abril de 2025, cuando concluyen los mandatos de importantes autoridades como los miembros del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El Consejo de Participación, presidido en su momento por Julio César Trujillo, es el responsable de las designaciones, y en los últimos dos años ha avanzado en la selección de funcionarios para varios organismos, aunque la renovación de algunos de estos puestos no ha sido sencilla. En particular, los actuales consejeros del CPCCS han enfrentado dificultades para avanzar con la conformación de comisiones ciudadanas de selección, lo que ha ocasionado que varios concursos públicos se hayan prorrogado, manteniendo a los ocupantes de ciertos cargos más allá del tiempo previsto.
El proceso comenzó en 2018, cuando el gobierno de Lenín Moreno impulsó una consulta popular que permitió la creación de un CPCCS con facultades extraordinarias. Durante su funcionamiento, se designaron 50 autoridades para catorce instituciones claves, pero tras seis años, muchos de estos nombramientos llegarán a su fin. Entre los casos más destacables de este periodo de transición se encuentran las designaciones en la Contraloría General y la Defensoría Pública, que enfrentaron largos procesos de conflicto político.
Para 2025, el CPCCS tiene como prioridad la renovación de cinco vocales del Consejo de la Judicatura, cuyos actuales miembros terminan sus funciones a finales de enero. Además, la Fiscalía General y el Tribunal Contencioso Electoral también necesitan nombrar nuevas autoridades, cuyas funciones expiran entre abril y mayo. Sin embargo, el proceso no está exento de críticas y tensiones, especialmente por la rapidez con la que algunos de los actuales consejeros han buscado avanzar en la selección de los nuevos funcionarios.
En el caso del Consejo de la Judicatura, el CPCCS ha solicitado a cinco organismos del Estado que envíen ternas con candidatos para ocupar los cargos. Este proceso está siendo supervisado por una comisión técnica y se llevará a cabo en varias fases: desde la revisión de las candidaturas, pasando por el escrutinio público, hasta la evaluación de las propuestas de trabajo de los candidatos. A pesar de que ya se han iniciado estos trámites, aún no se tiene un número exacto de los postulantes, ya que el 20 de diciembre se cerraron las inscripciones para integrar las veedurías ciudadanas que fiscalizarán el proceso.
Otro aspecto relevante es la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía General. En este caso, se ha aprobado el reglamento para el concurso público y se han inscrito 542 personas como veedores. El proceso para la designación de esta autoridad podría tardar más de un año, ya que requiere la integración de comisiones ciudadanas y un concurso exhaustivo.
El Tribunal Contencioso Electoral también está en medio de un proceso de renovación, ya que sus miembros completan sus seis años de mandato en mayo de 2025. Aunque ya se había iniciado la selección de nuevos jueces en 2022, este proceso no se concretó debido a la falta de interés ciudadano y problemas logísticos en la conformación de las comisiones. Los concursos de méritos y oposición para cubrir estos vacíos están aún en análisis.
A la par de estos desafíos, otras instituciones del Estado están esperando una renovación de autoridades. El Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros completaron sus seis años en noviembre de 2024, aún no ha nombrado a los nuevos vocales, lo que genera preocupación sobre el funcionamiento de la institución. Además, la Defensoría del Pueblo también se encuentra en un proceso de selección de nuevos integrantes, tras la destitución de Freddy Carrión en 2021.
Finalmente, en el ámbito político, las posibles modificaciones en la correlación de fuerzas dentro del CPCCS podrían influir en las decisiones de renovación. Algunos consejeros están siendo investigados por infracciones electorales y podrían enfrentar sanciones, lo que afectaría el futuro del Consejo. En este sentido, la resolución de los conflictos legales y políticos actuales será crucial para el desarrollo del proceso de renovación en 2025.
