El viceministro de Minas, Javier Subía, anunció que el Gobierno está promoviendo la edificación de una refinería de oro con capital extranjero, señalando como posibles sitios Zamora Chinchipe o Loja. El proyecto se plantea como una estrategia clave para añadir valor agregado a la producción de oro local y dinamizar la minería formal.
Subía señaló que esta planta responde a la necesidad de dejar de exportar mineral en bruto, que hoy se envía a países como China, Canadá o Suiza para su procesamiento. También explicó que se barajan dos ubicaciones debido a su cercanía a zonas mineras activas y potenciales, sin confirmar aún la decisión final.
La propuesta es parte de un ambicioso plan minero que incluye la reapertura escalonada del catastro, la fiscalización de más de 240 concesiones inactivas —con una inversión pendiente de USD 4 800 millones— y el cobro de una tasa de fiscalización desde julio de 2025. Este cargo, basado en salarios básicos y hectáreas, busca invertir en mecanismos de control, como drones y despliegues técnicos para combatir la minería ilegal.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el 20 % de las empresas comercializadoras de oro eran ‘fantasma’, fundadas bajo figuras jurídicas simplificadas. En respuesta, se endurecerá el control de licencias, aduanas y transparencia operativa, y se priorizará la trazabilidad en cada eslabón de la cadena minera.
Las cifras avalan la oportunidad: en 2023, Ecuador registró exportaciones históricas de USD 3 324 millones en mineral, lo que posicionó a la minería como el cuarto sector con mayor aporte económico, sólo superado por petróleo, banano y camarón. Zamora Chinchipe lidera este avance, con infraestructura como Mirador y Fruta del Norte, que juntas procesan miles de toneladas diariamente.
Subía enfatizó que la refinería, construida por inversionistas privados, permitiría no solo retener valor y divisas en el país, sino también combatir la minería ilegal y atraer nuevas inversiones. Además, reforzaría la seguridad jurídica, en línea con la reapertura del catastro y las subastas de concesiones que no han cumplido con sus compromisos.
En paralelo, el viceministro informó sobre una próxima reglamentación de la Ley de Minería y la apertura gradual del catastro georreferenciado, comenzando por la pequeña minería, con expectativa de cobertura nacional para finales de 2025.
